Enrique Santiago, uno de los abogados que redactaron la querella de IU contra empresarios y dirigentes del PP, ha afirmado hoy en Murcia que advierte la "intervención" del Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, en el caso de los papeles del extesorero de PP Luis Bárcenas para impedir su investigación y posibilitar la prescripción de los delitos cometidos.

Santiago, que también es responsable de Convergencia Político-Social y Movimientos Sociales de IU, ha hecho estas declaraciones junto al coordinador de IU-Verdes en la Región, José Antonio Pujante, pocas horas después de que la Audiencia Nacional acordase suspender la citación hecha por el juez Javier Gómez Bermúdez para Bárcenas por la supuesta contabilidad B en el PP.

El letrado ha explicado que el motivo por el que IU, junto con otras organizaciones sociales y políticas, ha presentado la querella criminal ha sido "nuestro convencimiento de que la corrupción es un cáncer para la democracia y está en el origen de la crisis económica, que está arrasando tan duramente a nuestro país".

Ha asegurado que los presuntos hechos criminales que ha llevado a presentar la querella "parece que han tenido una determinante influencia a la hora de configurar las políticas que en materia de infraestructuras y construcción se han venido realizando en este país en los últimos años".

De hecho, ha alertado de que España es el país de la Unión Europea que mayor porcentaje de PIB ha dedicado a la construcción, y también el único con importantes infraestructuras sin autorización o en clarísima infrautilización, lo que ha dado como fruto que existan "autopistas de peaje por donde no pasan vehículos, estaciones ferroviarias por las que no pasan trenes y aeropuertos sin aviones".

Ha explicado que, a diferencia a lo que se investiga en el marco del caso Gürtel, "que es la intervención de Correa en los acuerdos con empresas para recaudar fondos para su entramado criminal", la querella de IU plantea algo "distinto", que es "la relación criminal entre lo pagos supuestamente hechos por grandes empresas y la concesión de obras y aprobación de determinadas políticas".

El abogado ha asegurado que quienes estaban percibiendo presuntamente esos sobres eran altos cargos del PP, "en demasiados casos ministros", a pesar de que tienen prohibido percibir emolumentos distintos a los de su salario o en todo caso de las percepciones que recibieran como miembros de las cámaras legislativas del Estado.

"Es grave que dirigentes del mayor partido de este país, que nos gobierna en estos momentos, hayan venido percibiendo sobresueldos no declarados a Hacienda, pero es más grave aún que este dinero se haya podido venir pagando por su condición de ministros en caso de que esto se pudiera acreditar".

Santiago ha lamentado que en la mayoría de casos los delitos por prevaricación prescriban a lo diez años, es decir, "todo lo que se ha conocido de los papeles de Bárcenas desde los 90 y 2013 probablemente y salvo que acreditemos que se trata de delitos continuados habría prescrito".

Asimismo, ha expresado su sorpresa porque la Fiscalía Anticorrupción, que manifestó hasta en tres ocasiones que el objeto de la investigación del caso Gürtel no es el mismo que el que se deduce de los papeles de Bárcenas, apreciará indicios de conexidad el mismo día que el juzgado central número 3 comenzará la investigación respecto a la querella contra Bárcenas, dirigentes del PP y empresarios.