Sostiene que el respaldo unánime de los grupos parlamentarios murcianos a la reforma "demuestra la firme voluntad de la Región de Murcia de llegar a acuerdos en temas institucionalmente relevantes"
La diputada nacional Pilar Barreiro recuerda que los Decretos-Leyes aprobados por el Gobierno habrán de ser refrendados en la Asamblea Regional
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, ha valorado el consenso de los grupos con representación en la Asamblea Regional para llevar a cabo la reforma del Estatuto de Autonomía que permitirá al Ejecutivo regional realizar Decretos-Leyes y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones que requieran actuaciones urgentes.
Ruiz ha destacado también el respaldo de los grupos PSRM-PSOE e IU murcianos en el Congreso y ha mostrado su seguridad en que el espíritu de colaboración y diálogo permitirá consensuar, igualmente, una reforma global y profunda del Estatuto de Autonomía, que será abordada en la Comisión Especial de Reforma del Estatuto, que recientemente ha retomado sus trabajos.
Además, ha agradecido la actitud de los grupos de la Cámara murciana "que demuestra la firme voluntad de la Región de Murcia de llegar a acuerdos en cuestiones institucionalmente relevantes".
La aprobación de la reforma y la posibilidad de que el Gobierno murciano pueda redactar y poner en marcha Decretos-Leyes (que habrán de ser obligatoriamente aprobados después por la Asamblea Regional) permitirá, tal y como ha señalado el portavoz murciano, reaccionar con más inmediatez, urgencia y efectividad ante situaciones que requieran respuestas inmediatas.
Ruiz ha recordado que el Decreto-Ley es una herramienta jurídico política que adquiere una especial importancia en situaciones de crisis como la que actualmente atraviesan la Región de Murcia y el país o en casos de situaciones graves. "Si hubiésemos dispuesto de esta herramienta –ha manifestado el portavoz- hubiésemos podido reaccionar aún más rápido ante catástrofes acaecidas en la Región de Murcia como las recientes inundaciones del pasado septiembre o el terremoto de Lorca".
Ruiz ha subrayado que "si bien la posibilidad de crear Decretos-Leyes no es la solución de la crisis, ni del desempleo, ni de los graves problemas que afectan a nuestra Región y al conjunto de España, sí que contribuirá a mejorar y equiparar a nuestra comunidad autónoma con las del resto de España en lo que se refiere a medios legislativos a nuestra disposición para llegar a tal fin".
CUARTA MODIFICACIÓN
Durante su intervención, el diputado regional ha recordado que la reforma que se debate hoy es la cuarta desde que se aprobara el Estatuto Autonómico en 1982, ya que sufrió otros cambios en 1991, 1994 y 1998, y que sigue "el magnífico precedente" de la última, cuando se logró la modificación con el respaldo unánime de todos los grupos de la Asamblea.
En este sentido, ha destacado la capacidad de los grupos políticos con representación en la Asamblea para apartar lo que nos separa y apoyar lo que nos une, y ha defendido el acuerdo de todos los grupos como garantía de estabilidad y pluralidad democrática, la Constitucionalidad del documento debatido en el Parlamento y la oportunidad por el momento histórico en el que se realiza la modificación.
Ruiz ha concluido su intervención solicitando el respaldo de la Cámara, aduciendo que "no sería justo negar a la Región de Murcia un instrumento constitucional del que ya disponen otras comunidades autónomas", y que "debe ser la respuesta a un ejercicio de responsabilidad democrática realizado por los grupos que integran el parlamento murciano y ha de servir como ejemplo".
APROBACIÓN EN EL PARLAMENTO
Por su parte, la diputada nacional del PP y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ha defendido la reforma presentada por el portavoz murciano y ha valorado especialmente el consenso entre los grupos con representación en la Asamblea murciana para llevar a cabo esta reforma.
Barreiro ha recordado que la herramienta jurídico-política que se pondrá en marcha con la aprobación de la reforma, el Decreto-Ley, es un instrumento del que ya disponen otros órganos legislativos, y ha recordado que la autorización al Gobierno para redactarlos y ponerlos en marcha "no se hace a costa de una renuncia a las obligaciones de control normativo y fiscalización que las cámaras regionales tienen sobre la acción del Gobierno".
La alcaldesa ha recordado que los derechos previstos en el Estatuto, las instituciones regionales y la norma electoral están excluidos de esa capacidad normativa, y ha aludido también a la obligación del Parlamento Regional de revisar en el plazo de un mes cualquier decreto-ley promulgado por el gobierno Regional con el fin de refrendarlo, mejorarlo o, en su caso, derogarlo.
