El impulso de la colaboración público-privada en materia de eficiencia energética generará más de 40.000 millones de euros de inversión.

El diputado nacional del PP por Murcia y vocal de la Comisión de Industria, Energía y Turismo en el Congreso, Teodoro García, presentará este jueves una propuesta de colaboración público-privada para impulsar la eficiencia energética en la edificación, algo que, según ha señalado, "permitirá reducir el gasto público en los edificios y crear un millón doscientos mil empleos hasta cubrir los objetivos 20/20/20 de la Unión Europea".

García ha señalado que esta propuesta se debatirá tras haber mantenido reuniones con las principales empresas de servicios energéticos, así como con consumidores y usuarios, que comparten las bondades de esta estrategia, "no sólo para aumentar la eficiencia energética sino también para crear empleo asociado a un sector estratégico para España y para la Región de Murcia".

Según ha explicado, "la tendencia al alza de los precios de la energía, el comercio de los derechos de emisión de dióxido de carbono y los compromisos asumidos relativos a la estrategia 20/20/20 de la UE hacen necesario un impulso decidido hacia el ahorro y la eficiencia en materia energética", razón por la que "las inversiones en este sentido resultan cada vez más atractivas, al producir retornos no sólo en el ámbito estrictamente económico, sino también en términos medio ambientales y sociales".

El diputado 'popular' ha recordado que el 60 por ciento de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo en 2020 se conseguirá gracias a las medidas de ahorro y de eficiencia energética implantadas en los diferentes sectores consumidores de energía y en especial en el sector de la edificación.

"En España la cuestión es especialmente grave, dada nuestra dependencia energética del exterior, más allá del 80 por ciento", ha subrayado.

Así, ha afirmado que "para conseguir los compromisos adquiridos en materia de reducción del consumo energético deben movilizarse más de 40.000 millones de euros en medidas de ahorro y eficiencia energética en todos los sectores", apuntando que "en los sectores de la vivienda, residencial y servicios las inversiones necesarias en medidas de ahorro y eficiencia energética para alcanzar los objetivos propuestos deberán superar los 27.000 millones."

Con la Proposición No de Ley que se presenta este miércoles en el Congreso, se insta al Gobierno a "reforzar la colaboración entre los Organismos con competencias en material de edificaciones administrativas, vivienda y energía del Gobierno de España para coordinar e impulsar la contratación público privada en materia energética en el conjunto de las Administraciones Públicas".

Del mismo modo, se pedirá "impulsar conjuntamente con operadores privados especializados –y en particular con las empresas de servicios energéticos- las medidas necesarias para activar el mercado de los servicios energéticos en toda su cadena de valor, desde la fabricación de los componentes hasta el mantenimiento, pasando por las actividades de diseño e instalación".

García ha indicado que un modelo de colaboración público-privada en el sector de la edificación "permitirá evitar los problemas que familias, empresas y Administraciones Públicas tienen para endeudarse y llevar a cabo ellos mismos las inversiones en materia de ahorro y eficiencia energética, ya que a pesar de que estas medidas tengan unos retornos muy altos debido al coste creciente de la energía, la inversión inicial también puede ser muy alta en muchos casos".

Paralelamente, el modelo de contratación público privada en materia energética tiene otras ventajas asociadas a la naturaleza del mismo, pues "el riesgo financiero y técnico no será soportado por el cliente que contrate los servicios, ya sea administración pública o particular, sino que será la propia empresa de servicios energéticos la que correrá con dicho riesgo". Esto permitirá a familias y Administraciones Públicas reducir el consumo energético en el sector edificación sin necesidad de utilizar fondos propios para acometer inversiones.