El movimiento ciudadano que rechaza la práctica del fracking en la cuenca del Segura se reunió el pasado sábado 22 en Cieza. Los gobiernos regional y central han concedido varios permisos de investigación que afectan a las provincias de Murcia y Albacete.

El pasado sábado tuvo lugar una asamblea de la recién creada Plataforma ciudadana "La Cuenca del Segura Libre de Fracking". La reunión fue en el IES Diego Tortosa de Cieza, con asistentes procedentes de diversos municipios de la cuenca del Segura, como Moratalla, Cehegin, Caravaca, Calasparra, Cieza, Murcia, Jumilla, Hellín o Elche de la Sierra, entre otros.

Según explica Alonso Torrente, portavoz de la plataforma, se trabajó principalmente en torno a temas organizativos y de coordinación. "Un aspecto clave ya que se trata de aglutinar un movimiento ciudadano de un área geográfica amplia", añadió.

Torrente explica que la celebración de esta asamblea ha permitido avanzar en la consolidación del incipiente movimiento que se opone a las prácticas de fractura hidráulica en nuestro territorio. Y para ello, explica, "es clave articular de forma eficaz una plataforma ciudadana que de respuesta a las decisiones que están tomando ahora mismo tanto la Comunidad Autónoma, como la Administración Central, sin escuchar a los ciudadanos, y sin atender a los graves riesgos para el medio ambiente y la economía de la zona".

En ese sentido recuerda Torrente que "las administraciones regional y central han concedido recientemente dos permisos de investigación (Escorpio y Leo), que contemplan la posibilidad de perforaciones del subsuelo. Y que se suman a los aprobados con anterioridad Aries I y II".

Algo que se está haciendo -explica- "sin informar a los ciudadanos de los graves riesgos que supone la extracción de gas mediante la técnica del fracking, y con oscurantismo, como demuestra el hecho de que en ningún momento aparezca la palabra fracking (o fractura hidráulica) en los permisos concedidos".

Entre las conclusiones de la asamblea celebrada en Cieza, Torrente destaca "la necesidad de incidir en la divulgación en todos los sectores de la población (sociales, políticos, económicos) de los riesgos del fracking, y también de exigir a las administraciones públicas la aplicación del principio de precaución, lo que se debe traducir en la anulación y paralización de las autorizaciones otorgadas."