El último informe del Observatorio de la Dependencia otorga un suspenso a la Región y la sitúa la quinta por la cola de las CC AA. Rafael Sánchez considera que "además, la desigualdad de prestaciones entre CC AA no para de crecer" por lo que pide que la Dependencia sea gestionada por el Estado
El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado el continuo retroceso de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Región, tal y como se desprende del último informe del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que otorga una puntuación de 3,3 sobre 10 a la Región y la sitúa a la cola de las CC AA. Sánchez ha señalado que los recortes en los presupuestos estatales de Dependencia, junto a la implantación de nuevas tasas, los continuos recortes y una mala gestión desde la CARM, contribuyen a que en cada informe que se publique, la Región retroceda en la aplicación de la ley, aplicación que, en opinión de Sánchez, se encuentra en "estado terminal".
Sánchez ha querido resaltar también los datos del informe que hablan de la existencia de una enorme desigualdad" y una insoportable disparidad de esfuerzos y de ejercicio efectivo de derechos en función de la Comunidad Autónoma en la que se resida". Por eso ha indicado que "queda plenamente justificada la propuesta de UPyD para que sea el Estado quien asuma la Dependencia y asegurar la igualdad entre los ciudadanos".
En cuanto a la aplicación de la Ley en la Región, Rafael Sánchez ha recordado que los usuarios dependientes ya "padecieron" el pasado año 2012 la implantación, de forma universal e indiscriminada, de las tasas para la valoración de Dependencia, para la solicitud de reconocimiento, revisión y para la certificación del grado de discapacidad. "Esas tasas resultan gravosas para unos colectivos que pueden tener dificultades para asumirlas por ser perceptores de pensiones mínimas, estar desempleados o tener ingresos mínimos".
Del mismo modo, ha señalado que la implantación del copago en Dependencia ha supuesto un nuevo y grave perjuicio para este colectivo. Además se produce un descenso del 6,03 por ciento del número de personas atendidas en los últimos 12 meses. El número de dependientes con prestación se ha reducido en los últimos seis meses en 12.438 personas, "lo que supone que cada día en este periodo, 70 beneficiarios han sido "expulsados" del Sistema para la Atención a la Dependencia".
El Gobierno regional "se empeña en no aplicar las prestaciones y servicios" que la Ley de Dependencia contempla, "poniendo a sus ciudadanos en una situación de desprotección frente al resto, en una materia de protección social tan básica", ha concluido.
