El gobierno regional desarrollará la normativa autonómica de rehabilitación urbana

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obligatoria para cien mil viviendas de más de 50 años, con ayuntamientos y colegios profesionales

El gobierno regional desarrollará la normativa autonómica de rehabilitación urbana

La directora General de Territorio y Vivienda, Yolanda Muñoz, lo anunció durante la clausura de la I Jornada de Presentación de la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones Urbanas celebrada en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia

Todas las viviendas con más de medio siglo de construcción precisarán antes de 2019 de un Informe de Evaluación de Edificios (IEE)

La Comunidad Autónoma desarrollará en breve, junto a los ayuntamientos y los colegios profesionales, la normativa regional de aplicación obligatoria que se deriva de la Ley 8/2013 que urge a la certificación técnica de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones Urbanas. Así lo anunció la directora general de Territorio y Vivienda, María Yolanda Muñoz, durante la clausura de la I Jornada celebrada en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia sobre esta Ley publicada en el BOE del 26 de junio de 2013 y de carácter preceptivo para toda España con una carencia de cinco años.

La Ley nacional afecta a 100.000 viviendas en Murcia con más de 50 años de antigüedad. De manera forzosa, todas las edificaciones con más de medio siglo desde su construcción precisarán antes de 2019 del Informe de Evaluación de Edificios (IEE).

El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia (COITIRM), José Antonio Galdón, que representa a los 90.000 ingenieros de todo el país, como presidente del Consejo General, señaló las ventajas y ahorro que aportará la normativa para los ciudadanos. Y resaltó que "los ingenieros técnicos de toda España, a través de la formación actualizada en los colegios profesionales, están en condiciones idóneas para realizar los Informes de Evaluación".

José Antonio Galdón coincidió en afirmar, tanto con la directora general y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Juan Antonio Bernabé -quien presentó la Jornada-, que la regulación obligatoria estará apoyada con ayudas económicas a los ciudadanos que las realicen en tiempo y forma, mientras que el incumplimiento acarreará una sanción correspondiente.

En las jornadas se llevó a cabo una presentación minuciosa para los profesionales de la citada Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones Urbanas, a cargo de

Javier Fernández, vocal de ejercicio libre del COITIRM.

También se mostró la novedosa aplicación profesional para Tablet y iPad que los ingenieros técnicos industriales están desarrollando con la empresa Wolters Kluwer para la realización de informes de evaluación del edificio conforme a la Ley.

En el Preámbulo de la nueva Ley se afirma que el parque edificado español necesita intervenciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas que permitan hacer efectivo para todos, el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservación. Aproximadamente el 55 % (13.759.266) de dicho parque edificado, que asciende a 25.208.622 viviendas, es anterior al año 1980 y casi el 21% (5.226.133) cuentan con más de 50 años. El único instrumento que actualmente permite determinar el grado de conservación de los inmuebles, la Inspección Técnica de Edificios, no sólo es insuficiente para garantizar dicho objetivo, y así se pone de manifiesto desde los más diversos sectores relacionados con la edificación, sino que ni siquiera está establecido en todas las Comunidades Autónomas, ni se exige en todos los municipios españoles.

A ello hay que unir la gran distancia que separa nuestro parque edificado de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios y, a través de ellos, de las ciudades. Casi el 58 % de nuestros edificios se construyó con anterioridad a la primera normativa que introdujo en España unos criterios mínimos de eficiencia energética.

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