La exclusión de la denominación "servicio público" de la definición del sistema educativo español, la posibilidad de adjudicar suelo público a centros concertados o la corrección de las pruebas externas por personal ajeno a la función pública son algunos de los aspectos más dañinos.
Tras incorporar las enmiendas del Partido Popular, la nueva versión del proyecto de LOMCE volverá el próximo 10 de octubre al Pleno del Congreso. Lo hará con un articulado sustancialmente peor al anterior y que borra de un plumazo el carácter público de la educación. El PP ha hecho desaparecer la expresión "prestación servicio público de educación" para volver a incorporar la de simple "prestación de servicios", devolviendo el articulado al borrador original de la ley y rompiendo con su compromiso con los agentes sociales. De esta forma, el PP apuesta por unos poderes públicos menos responsables, que participen en la prestación de servicio pero que no lo garanticen.
La futura Ley permitirá asimismo que las administraciones educativas puedan convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público. Ya en el proyecto de reforma de las administraciones locales, el Gobierno introdujo una cláusula mediante la cual los Ayuntamientos debían cooperar con la Administración educativa en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes; ahora, con la LOMCE, se completa el círculo y se consolida, a través de una ley orgánica, un negocio que puede acabar relegando la construcción de las escuelas públicas a las zonas más marginales.
Otra de las novedades introducidas a través de las enmiendas es que las pruebas externas podrán ser aplicadas y calificadas por profesorado que no pertenezca a la función pública. No resulta admisible que este tipo de pruebas, que al fin y al cabo determinan la posibilidad de alcanzar la educación superior y, por tanto, garantizar la continuidad educativa del alumno en el sistema, se realice sin la objetividad y la independencia que la función pública garantiza. Cuando CCOO se posicionó en contra de las reválidas ya mostró su inquietud por los riesgos que podía entrañar una falta de control y fiscalización pública de estas. Sea cuál sea el sistema de aplicación y cualificación de las pruebas, esos principios deben quedar absolutamente garantizados.
Además, se introduce una nueva sección cuarta dedicada al alumnado con necesidades específicas de aprendizaje, con objeto de garantizarles una educación inclusiva, normalizada y no discriminatoria. La enmienda resulta cuanto menos hipócrita si tenemos en cuenta que todos esos alumnos y alumnas han visto cómo se reducían los programas, los especialistas y las ayudas, que son las que garantizan realmente la normalización e inclusión y aseguran la no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
Se defiende también que la reforma educativa establezca que los y las docentes somos "autoridad pública". Esta honorable distinción, de la que ya gozamos miles de profesionales en algunas comunidades autónomas, no ha impedido la mayor degradación profesional y laboral que se conoce en democracia, con rebajas en el poder adquisitivo que van a llegar al 30%, con un empeoramiento de las condiciones de trabajo sin precedentes y unos recortes en su protección social que tardaremos décadas en recuperar.
