El GPP rechaza gravar con más impuestos a la sociedad murciana

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El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular sostiene que la medida propuesta por el PSRM de crear una nueva tasa para las grandes superficies comerciales afectaría a los pequeños empresarios que tienen en ellas su negocio

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha rechazado hoy en el pleno de la Asamblea la propuesta socialista de crear un nuevo impuesto para gravar la actividad de las grandes superficies "y con ello a la sociedad murciana".

En opinión de Martínez, la creación de una nueva tasa "acabaría siendo asumida por los pequeños y medianos empresarios que en su mayoría componen estas centros de negocios y pondría en peligro la pervivencia de los comercios y con ello numerosos puestos de trabajo".

El diputado ha recordado que los centros comerciales dan empleo en nuestro país a más de 250.000 personas, de las que un 70 por ciento son mujeres, y se pregunta "cómo quienes pretenden abanderar la lucha por la igualdad desconocen estos datos y proponen medidas que arriesgan y amenazan la pervivencia de estos empleos, incrementando sus costes".

El viceportavoz Popular ha manifestado, asimismo, que "actualmente existen doctrinas europeas que señalan que estas tasas atentan contra el libre mercado y contra la unidad de mercado". Actualmente, tal y como ha apuntado, existen 6.000 normas que afectan directamente a la actividad comercial en nuestro país" y ha añadido que "el Partido Popular no va a contribuir a incrementar este disparate con un nuevo impuesto que gravaría indirectamente a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma"

Martínez ha defendido "la creación de una Ley Nacional que unifique y ordene los tributos que ahora se aplican en cada comunidad autónoma" y ha apostado por "ofrecer más facilidades para trabajar en el territorio nacional ayudando a que los operadores, las pymes y el comercio minorista funcionen con menos costes y menos trabas burocrática".

El viceportavoz Popular ha recordado las recientes quejas de la Comisión Europea por la legislación tan restrictiva a la que algunas comunidades autónomas españolas someten a los grandes establecimientos comerciales en España, lo que en su opinión, afecta a la libre competencia.

En este sentido, se ha referido a los datos sobre comercio minorista hechos públicos hoy que indican un aumento de las ventas del comercio minorista en torno al 2,2 por ciento, y que, tal y como ha manifestado "es el primer dato positivo tras 38 meses seguidos de descensos interanuales y que pone de manifiesto la efectividad de las reformas emprendidas por el Gobierno central y que es innecesario aplicar nuevos impuestos que graven directamente a quienes generan empleo".

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