El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha criticado hoy que el presupuesto de la consejería de Agricultura y Agua se haya reducido por quinto año consecutivo hasta perder la mitad de las consignaciones que reflejaba el de 2010, y ha dicho que de no ser por los fondos de la Unión Europea (UE) este departamento "estaría echando la persiana".

Pujante ha reprochado al consejero del ramo, Antonio Cerdá, que "intente vender la defensa a ultranza del sector agrícola como uno de los principales motores económicos de la Región" y, al mismo tiempo, se reduzca el presupuesto año tras año.

De otro lado, el parlamentario de la formación de izquierdas ha recordado a Cerdá que su consejería es "una de las menos comprometidas con el empleo público, toda vez que el presupuesto, en su capítulo de personal, refleja una considerable amortización de puestos de trabajo".

Además, ha denunciado que las cuentas de la consejería para el próximo año "no abordan los problemas fundamentales" del sector agrícola regional, que van, a su juicio, desde la comercialización de los productos y el aseguramiento de las cosechas, hasta la disponibilidad de los recursos hídricos.

Ha adelantado que las enmiendas de IU-Verdes en relación a la agricultura se centrarán en incentivar la incorporación de los jóvenes al sector; conseguir una línea de seguros agrarios con más garantías para el agricultor y aumentar el peso que deben tener la agricultura y la ganadería ecológicas.

También se dirigirán a luchar por una efectiva regulación del precio para garantizar rentas justas en la agricultura murciana y combatir la incidencia de la economía sumergida.

En materia de agua, Pujante ha basado su intervención en la asunción por parte de la Entidad de Saneamiento de la Región de Murcia (Esamur) de las funciones que venía desarrollando hasta este año el ente público del agua, así como en la desaladora de Escombreras.

Sobre esta infraestructura, ha dirigido una batería de preguntas al consejero para conocer la situación procesal de la demanda judicial formulada contra la Comunidad Autónoma por la empresa que construyó la desaladora, y la forma en la que la consejería piensa que la ciudadanía pagará la "púa" de este "capricho desalador".

Asimismo, ha aprovechado su intervención para pedir a Cerdá que comparezca a dar cuenta de la desaladora, una infraestructura que, para Pujante, "puede tener una incidencia desastrosa tanto en la economía regional como en la de la ciudadanía, que muy probablemente verán trasladado el coste de esta infraestructura en los recibos del agua".

Por lo pronto, el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año ya recoge una subida del canon de saneamiento, que, -recuerda Pujante- legalmente debe ajustarse al coste real que tiene el servicio de depuración, y no incluir ningún otro concepto.