El Senador por Murcia José Joaquín Peñarrubia ha afirmado hoy que la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana constituye "una apuesta decidida para garantizar los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los españoles", pues "busca evitar que éstos sean vulnerados por minorías que utilizan la violencia y el vandalismo con fines distintos al derecho de reunión, manifestación y libertad de expresión".
Peñarrubia ha señalado que se quiere evitar que se produzcan "daños graves en bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público como farolas, señales de circulación, marquesinas o papeleras; incendios en zonas públicas; o que se obstaculice la vía pública con vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos con el fin de perturbar gravemente la seguridad ciudadana"
"Se trata, en definitiva, de hacer posible que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal", ha añadido Peñarrubia, "razón por la que también se abordan conductas que perturben gravemente la tranquilidad ciudadana, como el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías y transportes públicos, y se establece el principio de responsabilidad de los padres y tutores por los daños o perjuicios que causen los menores a su cargo".
El Senador 'popular' ha explicado que tras conocerse el pasado viernes en el Consejo de Ministros un informe del Ministerio del Interior sobre la modificación de esta Ley Orgánica, "estamos en fase de anteproyecto al que aún le queda recorrido, y habrá de volver, ya como Proyecto de Ley, al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes Generales de cara a su trámite parlamentario".
Según ha señalado Peñarrubia, "la necesidad de abordar esta cuestión nace a consecuencia de la reforma del Código Penal y, sobre todo, por la constatación de los cambios que la sociedad española ha experimentado desde 1992, que es la fecha de la que data la última reforma".
En este sentido, el senador por Murcia ha destacado "la incoherencia, una vez más, de los dirigentes socialistas, que ahora se oponen a la reforma de la ley en puntos que se mantienen invariables respecto a la que aprobaron en el 92".
Finalmente, José Joaquín Peñarrubia ha manifestado que "el objetivo de la ley es erradicar la violencia y las conductas incívicas que ponen en peligro la convivencia pacífica", apuntando que "la reforma recoge las preocupaciones ciudadanas y las sugerencias de expertos como asociaciones de jueces o el Defensor del Pueblo".
