El Gobierno regional ha dado el visto bueno a la Iniciativa Integral para la Transparencia de la Administración regional, que incluye diversas medidas en torno a tres ejes principales relativos a presupuestos y gastos, cargos públicos y servicio al ciudadano.

Se cumple así el compromiso expresado por el presidente de la Comunidad, Alberto Garre, de realizar una apuesta decidida por la transparencia de la administración regional.

En la línea de transparencia sobre presupuestos y gastos, la Comunidad va a hacer más accesibles los presupuestos regionales, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer de forma clara y sencilla cuánto dinero se va a destinar a cada actuación y a cada Departamento.

También publicará trimestralmente el grado de ejecución de los presupuestos de la Comunidad y creará un registro público al que podrán acceder todos los ciudadanos, donde consten todos los contratos, convenios, subvenciones y ayudas que se aprueben en la Administración regional, así como su importe y destinatarios.

Además, el Gobierno publicará las cuentas anuales de cada uno de los organismos autónomos y entidades públicas que dependen de la Administración regional, así como sus informes de auditoría. Igualmente, dará acceso a todos los datos sobre el parque móvil regional y número de vehículos disponibles, marca y modelo y uso al que están asignados.

En materia de altos cargos, con el objetivo de rendir cuentas a los ciudadanos acerca de las personas que dirigen las instituciones y su idoneidad para ejercer su función, la Comunidad publicará el perfil profesional de todos los cargos públicos de la Administración regional y las funciones que tienen asignadas.

En esta línea, se publicará el sueldo anual y mensual de los cargos públicos, las indemnizaciones tras el cese en caso de existir, así como la percepción de cualquier otra remuneración en el ejercicio de su cargo.

Asimismo, el Gobierno aprobará el Estatuto del Cargo Público, donde establecerá los requisitos de idoneidad, formación y experiencia que deben cumplir los cargos públicos para ejercer su actividad. Este Estatuto irá más allá de las responsabilidades legales de los responsables políticos, ya que contemplará normas de diligencia y buen gobierno, así como un régimen sancionador en caso de incumplimiento, que podrá contener tanto medidas económicas como disciplinarias.

Para asegurar la efectividad de esta medida, se asignarán objetivos determinados a cada centro directivo y se establecerán índices que permitan evaluar el cumplimiento o no de los objetivos propuestos.

Por otro lado, se creará una Unidad de Conflicto de Intereses, que dependerá del Secretariado de Consejo de Gobierno, a cuyo frente se encontrará un funcionario de carrera del más alto rango.

Esta Unidad garantizará que los cargos públicos cumplen el régimen de incompatibilidades establecido y analizará y emitirá un informe preceptivo sobre el patrimonio de los cargos públicos al final de sus mandatos en comparación con su patrimonio inicial. De este modo se comprobará que las variaciones experimentadas se corresponden con las retribuciones percibidas.

Entre las acciones relacionadas con el servicio al ciudadano se incluye la elaboración de un Catálogo de Servicios de cada uno de los departamentos de la Administración, para que los ciudadanos sepan qué servicios puede prestarle la Comunidad.

Estos Catálogos de Servicios incluirán compromisos de mejora de la atención a los ciudadanos y agilización de los expedientes administrativos.

Todas las medidas contenidas en la Iniciativa Integral para la Transparencia se publicarán en un Portal de la Transparencia que impulsará y coordinará la consejería de Presidencia y Empleo a través de la dirección general de Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior.

Además, con el fin de dotar de contenidos el Portal de la Transparencia y garantizar el rigor en la información que se introduzca en él, el Gobierno designará como responsable en cada consejería a un funcionario de carrera del más alto rango.

La Iniciativa Integral por la Transparencia empezará a implantarse desde el próximo 1 de julio y estará finalizada en su totalidad antes de fin de año.