UPyD solicita "medidas urgentes" para paliar el fuerte aumento de ejecuciones hipotecarias en la Región

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Para Fuensanta Máximo, "la inacción del Gobierno regional" es el principal responsable de que Murcia se encuentre en el podio de las comunidades autónomas donde más se incrementó este procedimiento ejecutivo en lo que va de año.

La responsable regional de Unión Progreso y Democracia, Fuensanta Máximo, solicita "medidas urgentes" que eviten el fuerte aumento de ejecuciones hipotecarias en la Región de Murcia, a tenor de la estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que indica que durante los tres primeros meses de 2014, se incrementaron un 34,3 %, colocándose en el podio de las comunidades donde más creció este procedimiento, muy por encima de la media nacional que registra una subida del 13,9 %.

De esta forma, Máximo insta a la Administración regional a que "actúe de una vez" y desarrolle acciones encaminadas a buscar "una solución para este grave problema". Para ello, la portavoz de la formación magenta propone la eliminación de cláusulas del suelo abusivas, la concesión de moratorias, carencias y la dación en pago, como opciones que "terminen con la situación crítica de muchas familias murcianas".

En este contexto, Fuensanta Máximo recuerda el reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que refleja que la Región de Murcia lidera el ranking en España, con un 48,1%, el porcentaje de hogares con dificultad o mucha dificultad para llegar a final de mes, con una diferencia de 12 puntos más que la media nacional. Por este motivo, Máximo pide "mayor sensibilidad" a la Ejecutiva regional para "reducir esta lacra que nos está golpeando con más fuerza en los últimos meses" y que nos hace "mucho más frágiles en relación al resto de España".

Por último, la máxima dirigente regional de UPyD critica el "rotundo fracaso" de las medidas, que hasta la fecha, el Gobierno ha adoptado para evitar el drama de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios, reclamando "reabrir el debate", tan sólo un año después de la aprobación de la Ley Antidesahucios.

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