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El 90% de las Certificaciones de Eficiencia Energética en la Región de Murcia están mal hechas

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De 26 inspecciones realizadas sobre certificados emitidos, 23 eran erróneos

El 90% de las Certificaciones de Eficiencia Energética en la Región de Murcia están mal hechas

Desde la aplicación obligatoria de la Ley, hace un año, se han realizado 18.500 certificaciones en la Comunidad Autónoma. La proyección de las cifras de mala praxis indican que 16.400 certificados estarían mal ejecutados

El libertinaje de los certificadores convierte los datos recogidos sin rigor en inservibles, generando un gasto inútil para el consumidor y la Administración

Se ofrecen certificaciones a 20 o 30 euros de imposible ejecución por un profesional por su bajo precio, por tanto, se abre un foco de dinero negro y economía sumergida

Los ciudadanos acaban viendo la Certificación como una tasa o impuesto más sin que les revierta beneficio alguno

El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, José Antonio Galdón, invita a la reflexión a la Comunidad Autónoma sobre el grado de incumplimiento en el rigor de las Certificaciones de Eficiencia Energética. Los datos de las inspecciones realizadas para verificar la idoneidad de las certificaciones son alarmantes ya que muestran que el 90 % están mal hechas, según se puso de manifiesto en la jornada técnica 'Certificación Energética de Edificios' organizada por la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en el Archivo Regional de Murcia, el pasado lunes.

Galdón afirma que "ha habido 26 inspecciones para evaluar la certificación hecha en edificios y locales de uso terciario con un resultado alarmante: 23 estaban mal ejecutadas, es decir, casi el 90 por ciento no sirven para nada y han generado un gasto inútil". Y remarca Galdón: "La estadística horroriza al sentido común".

El total de evaluaciones llevadas a cabo en Murcia desde hace un año con la aplicación del Real Decreto 235/2013, de obligado cumplimiento, por el que se aprobó el procedimiento básico para certificación de los edificios, asciende a 18.500 expedientes, según los datos de la propia Comunidad Autónoma.

Para Galdón es insultante hacer la proyección a las cifras totales de los datos encontrados en las inspecciones, "porque indicarían que más de 16.400 son inservibles y habría que volverlas a hacer bien, mientras ha habido un esfuerzo y un gasto inútil".

OBJETIVOS INCUMPLIDOS

El decano de Murcia, que a su vez es Presidente del Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), señala que NO se ha cumplido ninguno de los fines que pretendía la norma. Galdón asegura que el Real Decreto tenía varios objetivos: "el primero, conseguir información del estado energético de las viviendas y locales, que a su vez supusiese un criterio importante de decisión a la hora de comprar o alquilar un inmueble, pero queda acreditado que dicha información no es real".

Por otra parte, el presidente del COGITI, incide en el segundo objetivo del Real Decreto: "Concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene el grado de calificación energética, respecto del confort, la habitabilidad y el ahorro económico, que pudiese conllevar la realización de mejoras e inversiones oportunas para su renovación".

Un tercer objetivo de la normativa de Certificación Energética de Edificios, había puesto sus esperanzas fundadas en "reactivar los sectores profesionales de la rehabilitación de viviendas y locales de uso terciario -generando empleo-", como manifiesta Galdón, pero se ha convertido en una oportunidad perdida.

El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia achaca estos fallos a la precipitación y desregulación total con la que se puso en marcha este Real Decreto. A su juicio, "el Ministerio confunde liberalización con libertinaje, y de esta forma se fomenta, no sólo el intrusismo profesional, la mala praxis y la economía sumergida, sino lo peor: que se genere inseguridad jurídica a la sociedad".

José Antonio Galdón ilustra sus palabras con un ejemplo muy claro: "¿Qué ocurre cuando un ciudadano que ha comprado una vivienda de clase energética A o B, y ha pagado un incremento del precio debido a dicha clasificación, y en realidad es de clasificación energética F? Aunque denuncie este hecho, corre el riesgo de que nadie cubra los perjuicios causados, ya que en su inmensa mayoría, los certificados están hechos por supuestos "profesionales" que no tienen seguro de Responsabilidad Civil y que no cumplen sus obligaciones fiscales ni laborales".

Para el presidente de los ingenieros técnicos industriales de España "es trágico que nuestro país penalice a los verdaderos técnicos frente a los chapuzas y oportunistas, con la desregulación total que están realizando en determinados sectores y que va en detrimento de la seguridad del ciudadano".

Desde el COGITI y los 50 Colegios que lo forman, a través de un convenio con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se impartió formación específica a más de 7000 Ingenieros, afirma Galdón, "todos ellos cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y aseguradoras; pero ven con impotencia cómo no pueden competir con los pseudo-profesionales que sin cumplir nada y sin visitar los inmuebles a certificar, cobran precios ínfimos por trabajos calamitosos y que no sirven para nada. Esta es la triste realidad".

PARA LOS CIUDADANOS ES UNA NUEVA TASA

El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales hace hincapié en la falta de pedagogía previa de la Administración que ha impuesto la norma sin dar una información exhaustiva al ciudadano sobre las ventajas que le reportan y la revalorización que puede suponer para sus inmuebles. " Los propietarios piensan que el certificado es un impuesto o tasa más, que no tiene validez alguna", dice Galdón, quien señala que el efecto perverso es la mala praxis y competencia desleal.

Para el Decano de COITIRM se está restando seguridad jurídica a la sociedad. José Antonio Galdón y remarca que hay un nuevo foco de generación de dinero negro y economía sumergida, "ya que los supuestos técnicos certificadores que emiten sus informes certificados por 30 o 40 euros no pueden estar dados de alta y, por eso, ofrecen precios tan bajos sin pagar impuestos".

Dejar el mercado al albur de quienes NO son profesionales, pero ofrecen precios bajos, es abocar a malas prácticas que hacen inútil esta iniciativa plagada a día de hoy de picaresca por la falta de regulación coherente, lo que esta llevando a que no se consiga objetivó alguno salvo el fortalecimiento de la picaresca y la inseguridad.

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