UPyD exige "soluciones reales" al Gobierno regional que contrarresten las altas cifras de ejecuciones hipotecarias en Murcia

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Fuensanta Máximo tilda de "rotundo fracaso" las medidas, que hasta este momento ha empleado el Partido Popular para salvar la tragedia de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios

La responsable regional de Unión Progreso y Democracia, Fuensanta Máximo, exige "soluciones reales" al Gobierno regional, que contrarresten las altas cifras de ejecuciones hipotecarias en la Comunidad, en base al informe publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que señala que Murcia, con 1,030, ocupa el segundo lugar de España, sólo por detrás de Canarias, si calculamos la cantidad de ejecuciones hipotecarias por cada mil habitantes, lo que representa un 50 % más que la media nacional.

En este contexto, Máximo pide a la Administración regional que emprenda con urgencia acciones dirigidas a corregir ese problema que "afecta a cada vez a más murcianos". Para ello, la portavoz de la formación magenta propone la eliminación de cláusulas del suelo abusivas, la concesión de moratorias, carencias y la dación en pago, como opciones que "terminen con la situación crítica de muchas familias murcianas".

Además, Fuensanta Máximo vuelve a recordar el reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que expresa que la Región de Murcia lidera el ranking en España, con un 48,1%, el porcentaje de hogares con dificultad o mucha dificultad para llegar a final de mes, con una diferencia de 12 puntos más que la media nacional. De esta forma, Máximo también pide "mayores esfuerzos y sensibilización" a la Ejecutiva regional y que se aborden con una "prioridad absoluta", todas estas y otras dificultades sociales que "sufren los murcianos", y que les sitúan "una y otra vez" entre los más vulnerables de España.

Para finalizar, la máxima dirigente regional de UPyD critica el "rotundo fracaso" de las medidas, que hasta este momento ha empleado el Partido Popular para salvar el drama de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios, demandando "reabrir el debate", tan sólo un año después de la aprobación de la Ley Antidesahucios.

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