El consejero de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz, aseguró hoy que la Comunidad Autónoma garantiza el funcionamiento de las Mancomunidades de Servicios Sociales que existen en la Región y permite que tanto éstas como los ayuntamientos continúen prestando diversos servicios relacionados con la atención social.

Éste es el fin del Decreto Ley 1/2014, presentado hoy por el consejero para su convalidación por parte de la Diputación Permanente de la Asamblea Regional, y que aprobó el Consejo de Gobierno a petición de las entidades locales, y consensuado con la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

José Gabriel Ruiz manifestó que la nueva normativa "tendrá especial incidencia en las localidades con menos habitantes, ya que va a permitir la continuación de los servicios que prestan las Mancomunidades de Servicios Sociales que existen en la Región, y que atienden las necesidades de más de 150.000 personas en 16 municipios".

Estas Mancomunidades son la de la Comarca Oriental, que incluye los municipios de Abanilla, Beniel, Fortuna y Santomera; la Mancomunidad del Valle de Ricote, que incluye los municipios de Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura; la de la Comarca del Noroeste, que engloba a Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla; así como la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula, que incluye los municipios de Albudeite, Mula, Bullas y Pliego.

Administración más cercana al ciudadano

El Gobierno regional garantiza la prestación de los servicios de atención social que se desarrollan por la Administración más próxima a los ciudadanos, que son las mancomunidades y ayuntamientos, fomentando así una Administración más cercana y con mayor capacidad de ajustar la atención a las necesidades de los ciudadanos, explicó el consejero.

Entre las competencias que van a continuar atendiendo los municipios se encuentran la defensa de los consumidores y usuarios, la conservación de caminos y vías rurales, el otorgamiento de licencias de actividad en zonas rurales del municipio, la colaboración en la atención primaria de la salud, los servicios en materia de drogodependencia, la prestación de servicios sociales especializados y la reinserción social de menores.

Con el objetivo de que esta medida se aplique de manera inmediata, el Gobierno utiliza por primera vez la fórmula jurídica del Decreto Ley porque, según el consejero, "este tipo de normas permiten al Gobierno desarrollar medidas con carácter urgente que requieren rango de Ley, estando la Comunidad habilitada para promover este tipo de normas desde el pasado mes de noviembre, cuando se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región".

El Decreto Ley otorgará seguridad jurídica a las entidades locales para la prestación de estos servicios, clarificando la reordenación de competencias llevada a cabo por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, promulgada por el Gobierno central a finales del año 2013.