CCOO tras recurrir a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, hemos conseguido que nos de la razón, acordando que durante el periodo de renovación de autorizaciones, las personas extranjeras permanecen bajo la cobertura sanitaria.
El representante de CCOO RM, en la Ejecutiva Provincial del INSS de Murcia, planteó en dicho órgano, nuestra disconformidad al hecho de que a aquellas personas extranjeras residentes legales, que se encuentran en situación de renovación de sus autorizaciones no tuviesen la cobertura sanitaria necesaria.
El INSS, haciendo una interpretación torticera de la normativa aplicable, al reconocimiento del derecho de asistencia sanitaria, (R. D. Ley 16/2012 de 20 de abril y R. D. 1192/2012 de 3 de agosto), les denegaba la tarjeta y en consecuencia el derecho a la asistencia sanitaria, alegando que para ello se considera necesario el permiso de residencia en vigor.
Ante esta situación, se elevó a la Comisión Ejecutiva del Consejo General del INSS la denuncia que CCOO realizó, manifestando dicho órgano, que el INSS de Murcia había actuado correctamente, interpretando la normativa vigente en materia de la prestación de la asistencia sanitaria.
CCOO tras recurrir a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, hemos conseguido que nos de la razón, acordando que durante el periodo de renovación de autorizaciones, las personas extranjeras permanecen bajo la cobertura sanitaria.
Desde CCOO Región de Murcia, consideramos muy importante el acuerdo de la Comisión Laboral Tripartida de Inmigración, que como veniámos reiterando, no se puede dejar sin cobertura sanitaria a aquellas personas que están renovando sus autorizaciones, lamentando por otro lado, que tanto el INSS de Murcia, como el Consejo General del INSS, manifestaran una posición distinta a la de proteger, defender y asistir a personas extranjeras que además vienen y han venido cotizando a la Seguridad Social, una muestra de la poca sensibilidad que aún hoy existen en algunas Administraciones que hacen un uso erróneo de interpretación de la normativa, sin analizar las consecuencias que se pueden derivar de ello, dejando indefensos a parte de un colectivo como son las personas extranjeras que suponen casi un 16% de la población regional.
