Las sanciones dictadas contra Carrefour y DIA calificadas como graves, motivadas por incumplir la normativa que regula la actividad comercial, son un claro indicador del desarrollo de prácticas desleales por parte de estas empresas de distribución en la venta de productos agrarios.
Como resultado de las denuncias que UPA viene formulando contra las empresas de distribución por la venta de productos agrarios a precios que suponen una clara vulneración de la normativa que regula el comercio, han sido dictados por parte de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Región de Murcia, sendos expedientes sancionadores tipificados como graves contra Carrefour, por la venta de leche de vaca y aceite de oliva con pérdidas, y contra DIA, por obstrucción en la labor inspectora de la administración en la denuncia de venta con pérdidas de carne de pollo fresco.
Esta circunstancia, según afirma UPA "demuestra que el único interés de estas empresas es atraer clientes a sus establecimientos, aún a costa de incumplir la legislación y sin importarles las consecuencias que genera estas prácticas sobre el tejido productor, ya que al final, se generan distorsiones sobre la cadena alimentaria que acaban pagando los agricultores y ganaderos".
Además UPA recuerda "que no se tratan de un hecho aislado, ya que en este mismo año fueron dictadas otras sanciones contra la gran distribución en la Región de Murcia, sancionado a LIDL Supermercados en este caso, estando además pendientes de resolución más expedientes por los mismos hechos a raíz de nuevas denuncias que hemos formulado contra otras empresas".
Con todo ello, UPA exige a la distribución que cese inmediatamente en esta actitud, "intentan reventar la cadena de valor de los productos agrarios, usándolos como productos reclamo, engañando a los consumidores y abocando a la ruina al sector", afirman los responsables de la Organización, indicando que "no descartamos en las fechas que se avecinan de grandes compras, la realización de movilizaciones ante las puertas de estos establecimientos con el fin de que los consumidores conozcan de primera mano estas prácticas fraudulentas y sus efectos colaterales que no son otros que la destrucción del importante tejido productor como es el sector agrario, con el cierre de explotaciones agrícolas y ganaderas".
Con todo ello, UPA insta a la administración regional a imponer a este tipo de expedientes sancionadores tipificados como graves, la cuantía económica máxima fijada por Ley, acorde al volumen de negocio de las empresas, así como la participación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente creado a partir de la Ley de la Cadena Alimentaria, para el establecimiento de un sistema de vigilancia y coordinación con todas las Comunidades Autónomas, con el fin de sancionar con contundencia este tipo de prácticas ilegales desarrolladas por las empresas de distribución.
