El Gobierno regional aprueba la firma de un convenio con entidades financieras para impedir los desahucios

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Es un acuerdo pionero en España que el consejero de Fomento firmará con Banco Mare Nostrum, Caixabank, Banco Sabadelll y Cajamar-Caja Rural, y que queda abierto a nuevas adhesiones

El compromiso sienta las bases para la constitución de una bolsa de viviendas vacías propiedad de las entidades financieras que serán destinadas a alquiler social

El consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, aseguró hoy, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un convenio de colaboración con cuatro entidades de ahorro para impedir los desahucios, que "se trata de una iniciativa destinada a evitar o paliar las consecuencias injustas de los desahucios, sobre todo en el caso de aquellas familias con menos recursos económicos. Es el primer acuerdo de este tipo que se va a suscribir en España entre una administración pública y las entidades financieras, y de su desarrollo se va a derivar un gran avance en la preservación del derecho a una vivienda digna".

Bernabé explicó que en virtud de este acuerdo, que suscribirán Banco Mare Nostrum, Caixabank, Banco Sabadell y Cajamar-Caja Rural, "se establecen las líneas de colaboración necesarias con las entidades de crédito para poner a disposición de los afectados la intermediación hipotecaria, con el propósito de evitar la ejecución hipotecaria, aminorar el sobreendeudamiento hipotecario y salvaguardar la vivienda, estableciendo, además, los cauces para garantizar, en todo caso, el acceso a una vivienda de alquiler social a quienes lo necesiten".

El titular de Fomento destacó que "las entidades financieras se comprometen a mantener la interlocución con el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, constituido en el seno de la Consejería de Fomento, a los efectos de buscar salidas negociadas que permitan una resolución alternativa al procedimiento de ejecución hipotecaria, a la vez que se establecen las líneas generales para la constitución de una bolsa de viviendas vacías de las entidades financieras con destino a alquiler social".

Las entidades firmantes de este acuerdo se comprometen a encontrar una solución a los casos de ejecución hipotecaria que se planteen a través de la reestructuración o rehabilitación del préstamo hipotecario, la reducción o quita de la deuda, la dación en pago, la conversión del préstamo hipotecario en un contrato de alquiler, la venta del inmueble por el deudor, la suspensión del alzamiento en atención a los colectivos especialmente vulnerables o el alquiler social.

Destinatarios

El convenio, que tendrá una vigencia de tres años, establece que los destinatarios de la actuación del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda son los propietarios de una vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente, que puedan verse afectados por situación sobrevenida de insolvencia respecto al préstamo hipotecario y, por tanto, en riesgo de ejecución hipotecaria.

Deben concurrir, además, las circunstancias de que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples; que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas; que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar; que se trate de un crédito o préstamo que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma; y que el precio de adquisición de la vivienda habitual sea inferior a 300.000 euros.

Bernabé recordó que este acuerdo, que queda abierto a nuevas adhesiones por parte de las entidades financieras, se suma al suscrito el pasado mes de marzo con los representantes de la Federación de Municipios y de los colegios profesionales de abogados, procuradores, economistas y agentes de la propiedad inmobiliaria "para hacer más eficiente, más extensa y más certera la acción que se viene desarrollando por el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, que ha atendido más de 500 casos desde su creación y que cuenta ahora con el rango legal que le otorga la nueva Ley de Vivienda".

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