CCOO, sindicato mayoritario del sector postal, denuncia las medidas e iniciativas de la CNMC al considerar que éstas favorecen claramente los intereses privados en detrimento del servicio postal público que la propia Comisión está obligada a garantizar. El sindicato recuerda que entre los argumentos de la CNMC falta un dato esencial, al silenciarse que el mercado postal español es el que cuenta con mayor presencia del sector privado y que Correos es el operador público europeo que cuenta con la menor cuota de mercado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de exigir al operador postal público Correos que haga pública la política de descuentos que aplica a las empresas que realizan grandes envíos postales, dado el "efecto que estas rebajas puedan estar teniendo en la competencia en el sector postal", en un nuevo ejercicio de presión sobre Correos que se inscribe en el marco de acoso continuado tanto por parte de la actual CNMC como de la anterior Comisión Nacional de la Competencia.

En esta ocasión, la CNMC viene a arrogarse en la práctica la representación de las empresas privadas del sector postal al exigir a Correos que permita la entrada de estos operadores en el "segmento de los remitentes de correo masivo" (grandes clientes), a quienes Correos ofrece determinados descuentos tarifarios, y exigiendo al operador público que "haga público su modelo de descuentos, las circunstancias que dan derechos a las empresas a lograr dichas rebajas y los criterios que determinan el volumen de descuento que se aplica efectivamente a cada cliente concreto".

Para el Sector Postal de CCOO, la opinión pública y los ciudadanos tienen derecho a saber que el argumento de favorecer la competencia en el sector se viene abajo cuando se clarifica aquello que la CNMC no dice, y que es lo siguiente:

Que España es el país de la Unión Europea con un mayor nivel de liberalización en el sector y en donde Correos ha perdido más cuota de mercado frente a la competencia.

Que los precios que Correos aplica a sus servicios considerados como "Servicio Público", están sometidos a la consideración previa por parte de la CNMC con tres meses de antelación.

Que esos precios se fijan de acuerdo a criterios de "transparencia, objetividad y orientación a costes", tal como establece la Ley Postal vigente.

Y por ello, Correos no tiene capacidad de fijar precios a sus grandes clientes en tanto que es el único operador obligado a cumplir con determinados niveles de calidad al que le obliga la prestación del servicio postal universal.

Luego lo que realmente está haciendo la CNMC, además de no decir la verdad, es de portavoz de aquellas empresas que, sin construir ellas redes postales propias, pretenden aprovecharse de la que dispone el operador público para detraer del mercado la parte más jugosa y más rentable.

En plena caída del segmento de la carta -que supone el 90 % de los ingresos para Correos- con un operador público que, a diferencia de sus homólogos europeos, no dispone de banca postal, con los efectos de sustitución del correo tradicional que está suponiendo la aceleración de la facturación electrónica, con la insuficiente presencia en el sector de la paquetería, viene ahora la CNMC a favorecer a los lobbies privados y financieros acosando al operador postal público con el impulso del Ministerio de Economía y el clamoroso silencio del Ministerio de Hacienda, propietario de Correos a través de la SEPI.

CCOO quiere pensar que, tras estos y otros acosos similares por parte de los "superreguladores" no exista un plan de estrangulamiento del correo público que acabe por convertir a la mayor empresa pública del país en una compañía residual y sin futuro para sus más de 50.000 trabajadores y trabajadoras. Plan, si realmente lo hubiera, contra el que CCOO confrontará con todos los medios a su alcance.