El Gobierno regional impulsa la incorporación laboral de personas con discapacidad intelectual a través de prácticas en la Administración

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Violante Tomás firma un convenio con Plena Inclusión, Fundown y Fadis para la incorporación de alumnos y recuerda que "este colectivo lo tiene más difícil en la búsqueda de empleo"

El Gobierno regional impulsa la incorporación laboral de personas con discapacidad intelectual a través de prácticas en la Administración

Con el fin de impulsar la incorporación laboral de personas con discapacidad intelectual, el Gobierno regional facilita este colectivo pueda realizar prácticas laborales no remuneradas en los diferentes departamentos de la Administración autonómica. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, firmó hoy un convenio con los presidentes de Plena Inclusión, Joaquín Barberá, Fundown, Diego González, y de la Federación de Asociaciones de Discapacidad Intelectual de Murcia (Fadis), Mariano Manzanares, para que estudiantes de estas asociaciones puedan incorporarse a las consejerías.

Violante Tomás explicó que la finalidad es "contribuir a la labor que muchas entidades desarrollan a favor de las personas con discapacidad, en particular en el campo de la integración laboral". Añadió que estas prácticas "pueden ser un paso intermedio para conseguir un empleo y así damos la oportunidad a estas personas de iniciar un itinerario de trabajo y, además, estamos ayudando a completar sus ciclos formativos".

Las áreas en que pueden desarrollarse estas prácticas formativas serán las correspondientes a las funciones de apoyo en tareas de auxiliar administrativo y personal de servicios, a determinar por cada consejería al inicio de las prácticas.

Tras la firma del acuerdo, la consejera declaró que "las personas con discapacidad intelectual sufren aún mayores dificultades que la población general para encontrar empleo, a pesar de la existencia de medidas legales tales como incentivos económicos, subvenciones o programas dirigidos a las empresas privadas que aseguran, en la medida de lo posible, el derecho constitucional al trabajo de las personas con discapacidad y, en consecuencia, hacer realidad el principio de igualdad respecto al empleo".

"Las personas con discapacidad intelectual tienen más difícil su integración laboral, ya que la tasa de paro en personas con discapacidad duplica la de las personas que no la tienen y en el caso de personas con discapacidad intelectual, la tasa triplica la de las personas que no la tienen", explicó la consejera.

Por ello, "la Administración regional debe jugar un papel fundamental en la inclusión laboral de este colectivo, constituyendo un ejemplo de buenas prácticas para la inserción laboral en el sector de la empresa privada y el resto de la sociedad", concluyó.

El acuerdo establece el periodo de prácticas y su horario, que se determinarán en cada caso por una comisión de seguimiento, aunque el periodo de prácticas no superará el tiempo establecido de formación teóricopráctica, a razón de un máximo de siete horas diarias. Al término de las mismas, el servicio en el que se hayan realizado emitirá un certificado en el que se reconozca a los alumnos el tiempo de prácticas.

Acceso al trabajo en la Administración regional

El pasado 16 de diciembre, el Consejo de Gobierno también aprobó en un acuerdo que establece las directrices para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a puestos de trabajo de la Administración regional. El objetivo es favorecer su inserción laboral como factor esencial en el proceso de integración social de este colectivo.

En virtud de este acuerdo, en la próxima Oferta de Empleo Público de personal funcionario y estatutario de la Administración regional se reservará un cupo de un dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

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