La Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Delegación del Gobierno y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reafirmaron su compromiso para reforzar la lucha contra el juego ilegal y su unidad para perseguir a las empresas que emplean a personas con discapacidad, o en riesgo de exclusión social, en actividades con intereses meramente lucrativos y sin respaldo legal.
El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo; el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Solís y el presidente nacional y la presidenta regional de CERMI, Luis Cayo Pérez-Bueno y Pilar Morales, acordaron coordinar actuaciones para acabar con estas prácticas al margen de la ley, que cada año mueven en España 86 millones de euros y 6 millones en la Región.
Los representantes de las personas con discapacidad señalan que estas empresas no aportan ningún tipo de ayuda, servicio o soporte a este colectivo en la Región. De forma que nunca han sido admitidas ni reconocidas por el tercer sector, ya que no reúnen las condiciones de transparencia, respetabilidad y prestigio imprescindibles para pertenecer a este sector.
Además, estas empresas promueven y despliegan actividades de juego sin amparo legal, en el que la imagen de la discapacidad y la exclusión social es tomada como pretexto al servicio de intereses lucrativos. Por su parte, Cermi es un movimiento asociativo que ayuda a encontrar trabajo a personas con discapacidad a través de sus integradores laborales.
El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, manifestó que "en la Región los órganos encargados del control del juego actúan contra cualquier manifestación ilegal, incluidas las actividades de venta ambulante de productos de lotería por parte de entidades que carecen de la preceptiva autorización administrativa para organizar tales juegos". Al respecto, señaló que los dos únicos operadores de juego habilitados por el Estado para la venta de este tipo de productos son Apuestas y Loterías del Estado y la ONCE.
Andrés Carrillo recordó que la Asamblea Regional aprobó por unanimidad el pasado 17 de marzo una moción instando al Gobierno regional a continuar luchando contra el juego ilegal. En este sentido, señaló que desde 2009 la Comunidad Autónoma ha incoado 282 expedientes sancionadores en materia de juego y ha impuesto sanciones por un importe total de 526.000 euros. Además, en el último año, en colaboración con la brigada provincial de juego, se han incautado unos 29.000 boletos no autorizados.
Asimismo, destaca la coordinación y colaboración entre la Consejería de Hacienda y el Gobierno de España, así, en los últimos meses el servicio de control de juegos de azar de la Policía Nacional ha acompañado en varias ocasiones a agentes de juego de la consejería para notificar y ejecutar varias resoluciones de procedimientos sancionadores relacionados con la actividad de venta de cupones en la Región.
El compromiso manifestado por ambas administraciones es "reforzar la lucha contra el núcleo de las organizaciones, no contra los vendedores", para lo cual los ministerios de Hacienda y de Sanidad, en sus respectivas competencias, han actuado en los últimos meses.
Igualmente, se insta a los ciudadanos a que se impliquen y eviten comprar cupones ilegales.
Un ejemplo de actuación es la que se practicó el pasado mes de abril cuando agentes de la Policía Nacional incautaron 4.000 boletos en Murcia y el Ministerio de Hacienda impuso una sanción de 25 millones de euros a una de las organizaciones ilegales.
