Un total de 34 familias en riesgo de exclusión social de la Región de Murcia han recibido en lo que llevamos de año ayudas para pagar las cantidades impagadas relacionadas con el alquiler de sus viviendas, con el objetivo de evitar una situación de desahucio.

Esta acción se enmarca dentro del convenio que mantienen activo la Consejería de Fomento e Infraestructuras con la Asociación Columbares para garantizar el acceso y permanencia de las familias sin recursos y en situación de especial vulnerabilidad en su domicilio habitual, subvencionado por la Comunidad Autónoma con 25.000 euros.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, resaltó hoy durante su visita a las instalaciones de Columbares el trabajo que desarrolla esta organización sin ánimo de lucro para "apoyar y respaldar a las familias más vulnerables, aportando los recursos necesarios que permitan ayudar a garantizar su acceso a la vivienda".

Además, como novedad este año en el convenio, Columbares detecta, canaliza y deriva a las familias en riesgo de exclusión social que no pueden afrontar el pago del préstamo con garantía hipotecaria hacia el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad, con el fin de ayudarles a mediar con la entidad financiera y conseguir una solución a su situación. En este punto, se les asesora en posibles soluciones que permitan subsanar la situación de impago de hipotecas, como por ejemplo negociar un alquiler social o la dación en pago.

A este respecto, el consejero señaló que desde Columbares se ha derivado a tres familias al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda para el asesoramiento en situaciones de impago de hipotecas y/o ante desahucios.

"El Gobierno regional está muy sensibilizado con garantizar la vivienda a las familias y los problemas que ponen en riesgo su acceso o permanencia a un hogar, como son las situaciones de impago del alquiler o los desahucios sencillamente porque no pueden llegar a fin de mes", dijo el consejero.

"Nuestra voluntad es intensificar esta labor social con quienes más nos necesitan y convenios como este nos permiten solucionar problemas reales de gente necesitada", subrayó el titular de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.

El acuerdo está dotado con 25.000 euros, lo que supone un incremento del 25 por ciento con respecto a la dotación económica del año anterior. Los beneficiarios pueden obtener dos tipos de ayudas: la ordinaria, que podrá alcanzar los 250 euros mensuales, y la extraordinaria, que se aplica en aquellos casos en los que existe riesgo de desahucio por impago de alquiler y cuya cantidad puede alcanzar los 750 euros. Las subvenciones se conceden por un plazo máximo de 12 meses, siempre que persistan las condiciones tenidas en cuenta para su concesión.

Los beneficiarios son personas físicas cuyos ingresos de la unidad familiar y de las personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, en conjunto, no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), o que se encuentren en un supuesto de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Los colectivos que obtienen las ayudas son las familias numerosas; las unidades familiares monoparentales con dos o más hijos; familias en la que alguno de sus miembros tenga una discapacidad superior al 33 por ciento que le incapacite realizar una actividad laboral; en la que exista alguna víctima de violencia de género; en la que al menos uno de sus miembros se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones de desempleo; personas procedentes de actuaciones de erradicación del chabolismo; o personas extranjeras que se encuentran en situación administrativa irregular y en las que concurra alguna de las circunstancias anteriores.