La Comunidad ejerce el papel de la familia para un total de 507 personas mayores de edad que están incapacitadas y que no tienen a nadie que se haga cargo de sus vidas, una cifra que ha aumentado un nueve por ciento con respecto al año anterior.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, explicó que este servicio "ha registrado un incremento destacable en una década", ya que en el año 2003 tan sólo eran 47 las personas tuteladas por la Comunidad y este número ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar la cifra actual, 507.

La Fundación murciana para la tutela y defensa judicial de adultos, que es la que se encarga de prestar el servicio, también ha visto incrementados sus recursos, de forma que el presupuesto de esta fundación para este año será de 433.633 euros, lo que supone un incremento de 6.628 euros con respecto a 2015.

Según los datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, los nuevos cargos tutelares asumidos en 2015 ascendieron a 42.

Recientemente se celebró una reunión de Patronato de la Fundación para la tutela y defensa del adulto en la que se dio cuenta de su memoria de actividades.

La consejera Violante Tomás señaló que "un aspecto significativo analizado en la presentación anual de esta memoria es que se está haciendo un gran esfuerzo para que estas personas permanezcan en sus propios domicilios, prestándoles toda la asistencia, jurídica, social y médica, fuera de residencias".

La citada entidad es una organización de naturaleza fundacional, constituida sin ánimo de lucro, que desarrolla sus actividades en todo el territorio de la Región de Murcia.

En el ámbito personal, la actuación de la Fundación se circunscribe a las personas mayores de edad residentes en la Región que se encuentren incapacitadas legalmente y de las que la Autoridad Judicial atribuya la tutela por carecer éstas de familia, personas o instituciones idóneas para ejercerla.

Entre sus competencias está el ejercicio de la tutela y curatela de estas personas en los términos fijados por el Código Civil, cuando así lo determine la Autoridad Judicial competente.

También incluye la asunción de la defensa judicial de los residentes en la Región de Murcia, mayores de edad, sobre los que se haya iniciado un proceso de incapacitación, así como el ejercicio de cuantas funciones determine la Autoridad Judicial en medidas provisionales de defensa y autoprotección personal y patrimonial.

Igualmente, contempla el fomento y realización de acciones encaminadas a la integración y normalización de los tutelados por la Fundación, para lo cual facilita recursos sociales, así como la atención personal, su cuidado, rehabilitación o recuperación.