María Giménez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, ha recordado que mientras Murcia está entre las comunidades autónomas con mayor tasa de víctimas de violencia de género, desde 2010 se ha recortado en más de un 15% el destinado a violencia de género. Ha calificado la comparecencia de la jueza Fátima Saura como “una muestra de su gran trabajo y compromiso con la lucha contra la violencia machista”.

La “mezquindad” del gobierno regional en esta materia, ha dicho Giménez, se demuestra en su “falta de interés presupuestario” para políticas destinadas a la mujer. Desde hace 6 años, ha asegurado la diputada de Podemos, se ha recortado en más de un 76% el destinado a políticas de mujer, pasando de 5.450.000 euros a 1.300.000.

Por ello, como ha subrayado María Giménez, es necesario que las líneas políticas de la Región de Murcia en materia de igualdad, se basen en la creación, mantenimiento y recuperación de la gestión pública de los servicios de fomento de igualdad y atención psicológica, jurídica, social y de empleo a mujeres violentadas y menores expuestos a violencia de género.

Otra de las prioridades para Podemos en la lucha contra la violencia estructural de género es, como ha dicho Giménez, “rescatar de manera urgente las funciones de atención primaria e integral que hayan sido desmanteladas con la excusa de los recortes y potenciando programas de Igualdad”.

Asimismo, Podemos propone que se habilite un plan de garantía habitacional inmediata, que se avance en la reorganización social de los cuidados para alcanzar un reparto equitativo de tiempos y trabajos que reconozca el papel central de los cuidados no remunerados en la sostenibilidad de la vida y en una comprensión más justa y rigurosa de la propia economía.  Además de garantizar una educación afectivo-sexual basada en una coeducación que fomente y reproduzca valores igualitarios, con especial énfasis en garantizar la libre decisión de las personas.

Por último, la diputada de Podemos, María Giménez ha subrayado que también se debe incluir el principio de igualdad como principio “jurídico, ético y político en toda la acción política y presupuestaria de la CARM, velar por el cumplimiento de las leyes que abordan la igualdad, evaluarlas para garantizar su eficacia y dotarlas presupuestariamente para hacer de la igualdad legal una igualdad real y efectiva”.