Severa González: "El PP Región de Murcia se comprometió con Verónica Barcenilla, presidenta de AVEMUR, en presentar iniciativas en el Senado y en la Asamblea Regional, con el fin de requerir al gobierno de Venezuela el pago de las pensiones de jubilación"
La vicesecretaria de sectorial de PP Región de Murcia, Severa González; el presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, Santo Sebastián Estacio y la presidenta de Asociación Venezolana de la Región de Murcia (AVEMUR), Verónica Barcenilla, han comparecido en rueda de prensa para informar sobre los avances de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Partido Popular de la Región de Murcia.
El pasado 4 de mayo echaba a andar dicha comisión, un nuevo grupo de trabajo dentro de las comisiones de estudio del partido con el que nos comprometimos a dar voz propia a un colectivo ampliamente vinculado a nuestra sociedad, como son los latinoamericanos afincados en la Región de Murcia, con la finalidad de buscar y promover su bienestar.
Severa González ha explicado que "hoy en día nadie es ajeno a la grave situación económica por la que están atravesando los venezolanos. Pero no sólo los que se encuentran dentro del país están sufriendo penurias y carencias, como la falta de papel higiénico en los supermercados, sino que además las consecuencias de esa precaria situación está traspasando fronteras. Me estoy refiriendo a alrededor de 8.000 jubilados venezolanos residentes en España; 8.000 personas mayores que tras trabajar toda su vida allí, un buen día decidieron marcharse y elegir, entre otros muchos destinos, España, y que debido al impago de sus pensiones desde 2015 por parte del gobierno venezolano también están sufriendo la recesión económica en la que ha sumido a toda Venezuela su actual sistema de gobierno. 8.000 personas en toda España, a las que hay que sumar alrededor de 600 más, llegadas a nuestro país este año, a los que todavía no se les ha concedido el traslado del pago de la pensión, a pesar de tener todos los requisitos completados"
La vicesecretaria ha añadido que este es un retraso sin precedentes de un derecho comprometido no sólo por la Constitución Bolivariana de Venezuela y el Convenio Cambiario N° 35, sino por los compromisos internacionales supraconstitucionales como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, un convenio que, tiene carácter de Ley, prima sobre el derecho nacional y coordina las legislaciones de los Estados que lo aplican. "En la actualidad España tiene 23 convenios bilaterales firmados, entre ellos con Venezuela".
Asimismo, ha explicado que "esta situación es un drama que en nuestra región afecta, según la información recabada hasta el momento, a una treintena de personas que están sufriendo, al igual que el resto de sus compatriotas en toda España, cómo se ven vulnerados sus derechos por el incumplimiento en el envío de las remesas, lo que aquí conocemos como pensiones, vitales y justas por parte del gobierno venezolano, situación que según la Asociación Venezolana de la región de Murcia, se está viendo agravada precisamente por la falta de respuesta y el silencio administrativo por parte de todas las administraciones venezolanas implicadas, como son el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), encargado de las pensiones en ese país, el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), que gestiona el envío del pago de la jubilación a España, e incluso el consulado venezolano en Madrid. Y es precisamente esa incertidumbre, ese no saber qué ocurrirá en el futuro, lo que más está afectando a este colectivo de jubilados venezolano-españoles que debido a su avanzada edad no pueden ya trabajar".
Por todo ello, González ha concluido indicando que tal y como se comprometió el PP Región de Murcia, a comienzos del mes de noviembre, en la reunión mantenida con Verónica Barcenilla, presidenta de AVEMUR, se van a presentar iniciativas en el Senado y en la Asamblea Regional, con el fin de requerir al gobierno de Venezuela el pago de las pensiones de jubilación, legalmente reconocidas por ese país, a los venezolanos residentes en España, con carácter urgente, y evitar así la precaria situación en la que se encuentran numerosas familias que llevan sin percibir dichas pensiones desde hace más de un año.
