Los sindicatos CSIF, Intersindical, Comisiones Obreras y UGT han anunciado una huelga en todas las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Región de Mucia para el 31 de julio si el gobierno continúa con su intención de mercantilizarlas con concesiones a empresas privadas.
Los responsables de estas organizaciones han defendido la necesidad de ITV públicas para evitar la mercantilización del servicio, entrar en el juego de la competencia y la precarización de los empleos. Hasta el momento, solo la de Alcantarilla respeta la gestión pública, mientras que las restantes se gestionan a través de unas concesiones otorgadas por la administración regional.
Desde Izquierda Unida-Verdes siempre hemos defendido la gestión pública directa de las ITV y rechazado el concurso público que realiza el gobierno autonómico para la adjudicación de las 16 estaciones repartidas por la geografía regional. Las ventajas de la gestión pública son indudables, por cuanto supone una mejor prestación desde el punto de vista de los intereses generales, con la realización de revisiones rigurosas con tasas de rechazo normalizadas que no generen problemas de seguridad en las carreteras, al tiempo que posibilita tarifas más ajustadas a los usuarios y garantiza unos ingresos permanentes a las arcas públicas.
Además, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha concluido en sus informes que en las comunidades autónomas donde las estaciones de ITV son públicas (Extremadura, Asturias, Cantabria y Andalucía) la tarifa suele ser menor. Por su parte, FACUA ha advertido en varias ocasiones que tanto el modelo concesional como los experimentos liberalizadores dan lugar a diferencias de tarifas en España de más del 200 por ciento. Asimismo, queremos manifestar que construir una ITV, como la que supuestamente se levantará próximamente en Yecla, no requiere de una gran inversión, como ocurre con otras obras o infraestructuras públicas. Así, con datos del propio sector, una estación media vendría a costar en torno a dos millones de euros, y se podrían rentabilizar a partir de unas 20.000 inspecciones anuales.
Por tanto, reiteramos en la necesidad de que estas instalaciones sean públicas y de gestión directa, para que se preserve la calidad del empleo y los derechos de los trabajadores. La huelga se convoca porque el Ejecutivo regional propone volver a sacar a concurso la gestión de las ITV, aumentar su número de manera irracional y privatizar la de Alcantarilla. Por todo esto, desde el grupo municipal de IU-Verdes apoyaremos esta huelga convocada en el sector y defenderemos un modelo público y que preserve los derechos de los empleados.
