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Grupo Municipal Socialista de Alcantarilla se querella contra el alcalde

Fuente:

"por pagos irregulares a la empresa de control, acceso y vigilancia a los colegios públicos"

Grupo Municipal Socialista de Alcantarilla se querella contra el alcalde

El portavoz, Gabi Esturillo, asegura que el actual alcalde conoce desde de marzo esta situación, ya que tiene en su poder un informe de la Dirección General de Administración Local que dice que estos pagos son ilegales, "por lo que no nos dejan otra opción que acudir a los juzgados"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla ha presentado una querella contra el exalcalde del municipio, Lázaro Mellado, y el actual alcalde, Joaquín Buendía, por los pagos a una empresa que no tiene contrato desde hace más de 10 años y que se encarga del control, acceso y vigilancia a los colegios públicos.

Según el portavoz del Grupo Municipal, Gabi Esturillo, el actual alcalde "conoce desde el mes de marzo esta situación, ya que tiene en su poder un informe de la Dirección General de Administración Local que asegura que estos pagos son irregulares".

"No nos dejan otra opción que no sea la querella. Queremos que se produzca la regularización de esta empresa que mantiene a 10 conserjes en colegios públicos de nuestro municipio, y hacer entrar en razón al PP que Alcantarilla no es un cortijo y que las empresas que quieran trabajar para el Ayuntamiento tienen que hacerlo en las mismas condiciones".

Esturillo ha añadido que "el máximo responsable de esta situación es el propio alcalde, que, pese a conocer esta situación, no ha querido llevar a cabo la regularización de la empresa. De la etapa anterior existen varios contratos de este tipo, y no entendemos que el Gobierno municipal se empeñe en continuar estas prácticas".

Al respecto, el secretario de Comunicación del PSOE-RM, Emilio Ivars, ha explicado que: "Los socialistas denunciamos todo aquello que, en representación de la ciudadanos, tiene que hacer. Los incumplimientos, el beneficio que se le puede estar dando a esta empresa, los fraccionamientos de contratos, que son ilegales, o la continuidad de ese contrato que finalizó hace 10 años tienen que ser investigados".

"Todas esas prácticas que son marca de la casa del Partido Popular tienen que acabar en Alcantarilla, pero también en todos los municipios donde las han llevado a cabo", ha concluido Ivars.

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