CEPES valora que en el nuevo marco de contratación pública, que entra en vigor en marzo, se primen criterios sociales de forma transversal y obligatoria en la contratación, además, Juan Antonio Pedreño, presidente de la organización, anunció que se está elaborando una guía para facilitar el proceso de incorporación de cláusulas sociales
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) mostró ayer en Madrid en una jornada, las oportunidades que presenta la nueva Ley de Contratos Públicos, aprobada en el último trimestre de 2017, a las empresas y entidades de este modelo empresarial.
El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, aseguró que "gracias a este nuevo marco legislativo, la contratación pública abandona el desfasado concepto de oferta más barata y prima criterios sociales de forma transversal y obligatoria en la contratación".
Asimismo, subrayo que, de este modo, "se configura un sistema que propicia de manera efectiva un modelo económico más eficiente y responsable, implicado con el territorio y la innovación, con empresas que ponen a las personas en el centro, se rigen por criterios democráticos, reinvierten beneficios, apuestan por la creación y mantenimiento del empleo estable y de calidad y brindan oportunidades a colectivos en riesgo de exclusión".
Pedreño explicó que la contratación pública representa el 20% del PIB estatal y debe suponer un incremento de la participación de las empresas de economía social.
El presidente de Cepes anunció durante la sesión la próxima publicación de una guía práctica en la que se reflejarán de manera detallada la incidencia que tendrán las nuevas normas de contratación pública, y que servirá para traducir de una forma sencilla y aplicable cuáles las posibilidades que ofrece la ley para mejorar la participación de las empresas de Economía Social en los procesos de contratación pública. Además, informó que se celebrarán cursos especializados para mejorar la participación de las empresas de Economía Social en los procesos de contratación pública.
Esta jornada, inaugurada por la directora general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen Casero, contó con la presencia de expertos en las áreas de la contratación pública, juristas y representantesde diferentes ayuntamientos donde ya se incluyen cláusulas de tipo social, como Palma de Mallorca o Navarra.
Así, las sesiones y mesas redondas estuvieron dirigidas a empresas y entidades de Economía Social, y expertos de las Administraciones Públicas, Universidades, y fue seguida vía 'streaming' por más de 400 personas.
