El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón celebra que la Comisión de Política Territorial haya aprobado por unanimidad la moción socialista para que se elabore de un Plan de recuperación, reforestación y protección de todo el entorno del monte comprendido entre el barrio de Lo Campano y el hospital Santa Lucía de Cartagena.
En esta zona se han desarrollado actividades mineras extractivas que han arrasado buena parte de diversos hábitats de interés comunitario y sin que la empresa propietaria de la cantera haya acometido el Plan de Restauración preceptivo para la protección del medio ambiente, que figuraba en el proyecto con el que solicitó autorización para realizar dicha actividad.
"Consideramos que hoy se ha hecho justicia con una situación que viene produciéndose desde hace mucho tiempo, como consecuencia de la actividad de una cantera que modificó el suelo, el paisaje y afectó a especies protegidas y de interés comunitario".
Guillamón indicó que estamos ante un problema medioambiental, "que se deriva de la escasa responsabilidad social de las empresas y quizá por la falta de un mayor endurecimiento en el cumplimiento de la normativa por parte de las instituciones".
Este caso ha sido sometido a debate público e incluso ha originado investigaciones judiciales por poder constituir un daño ecológico en un área situada en la zona montañosa del municipio. Ya en el año 2007, los vecinos observaban cómo decenas de camiones pasaban por sus calles cada día para depositar escombros en la Rambla del Feo y sus inmediaciones, como materia prima para la actividad de machaqueo de esta empresa. "Basta con darse una vuelta por allí para comprobar la enorme magnitud del depósito de materiales de derribo, que constituyen un problema de primer orden. Hablamos de una gran cantidad de toneladas de escombros que se acumulan a través de los años".
Ante las infracciones cometidas de la normativa que regula la actividad extractiva y medioambiental han intervenido durante todos estos años organismos competentes como la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la Dirección General de Minas, los Servicios de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales o el Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial y, por supuesto, la Fiscalía.
Es decir, las competencias de la Comunidad Autónoma en este asunto son claras. "Solicitamos al Consejo de Gobierno el cumplimiento de su responsabilidad para el mantenimiento del entorno natural, la recuperación de las zonas afectadas mediante las actuaciones pertinentes, y que se pongan los medios para que esta zona, una vez regenerada, no vuelva a sufrir las consecuencias que aún hoy sigue sufriendo".
