Demanda la reforma de la Ley Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

Los funcionarios de la prisión Murcia II sufrieron 11 agresiones en 2017

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Mesa de negociación de Prisiones, ha logrado el compromiso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos de este colectivo así como para reforzar las plantillas.

Este compromiso fue manifestado por el ministro en el pleno de control del Congreso de los Diputados, donde se ha referido al encierro que han mantenido nuestros delegados sindicales desde hace 23 días en la sede de Instituciones Penitenciarias. Asimismo, CSIF, que agradece la voluntad de diálogo del nuevo equipo ministerial, cuenta con el compromiso por escrito del secretario general de Instituciones Penitenciarias de negociar un acuerdo salarial.

Desde hace 23 días, delegados de CSIF han estado encerrados en la sede de la Secretaría General de IIPP en Madrid para exigir la equiparación salarial con Cataluña, como se ha hecho con los colectivos de Policía y Guardia Civil. Desde la Central Sindical agradecemos la entrega de estos delegados sindicales y, en general, del colectivo de trabajadores de prisiones de toda España por todos los meses de lucha, en defensa de esta reivindicación.

El nuevo equipo de Instituciones Penitenciarias se ha mostrado favorable a la puesta en marcha de un Grupo de Trabajo en el que estén presentes los sindicatos del ámbito de prisiones para promover la unidad sindical, tal y como viene reclamando CSIF desde hace meses.

El nuevo secretario general de IIPP, tras reunirse con los delegados sindicales de CSIF encerrados en la Secretaría General de Prisiones, se ha comprometido por escrito a estos objetivos, lo que para esta Central Sindical supone un éxito y un excelente punto de partida para seguir avanzando, después de casi un mes de encierro en estas dependencias.

Para CSIF, la equiparación con Cataluña es una reivindicación esencial para el colectivo de Prisiones y es fundamental que el Ministerio del Interior atienda esta exigencia, algo que no hicieron los anteriores gestores, quienes dejaron fuera de la equiparación salarial a los funcionarios de Prisiones. Las diferencias salariales con Cataluña oscilan desde un mínimo de 1.600 euros (funcionario de oficina genérico) hasta los 25.000 euros según los puestos, gasto que le supondría al Estado 168 millones de euros.

El encierro de los delegados de prisiones se inició el pasado 29 de mayo y fue respaldado por una concentración en la que participaron centenares de trabajadores de prisiones a las puertas de Instituciones Penitenciarias.

Reforma de la Ley Penitenciaria

Otro asunto muy importante es conseguir que el Congreso reforme la Ley Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. En línea con las denuncias realizadas estos años por CSIF, el Gobierno reconoce que tiene registradas más de 2.200 agresiones a estos funcionarios en los últimos seis años, o lo que es lo mismo, un ataque diario con resultado de lesiones. En la Región, sin ir más lejos, los funcionarios de la prisión Murcia II en Campos del Río sufrieron 11 agresiones en 2017.

Según datos oficiales, actualmente el personal que integra la Institución Penitenciaria asciende a más de 24.000 personas, de las cuales más de 15.000 se dedican a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social. La Región de Murcia, por su parte, cuenta con dos centros penitenciarios y uno de inserción social, con una plantilla de aproximadamente 670 funcionarios y unos 60 laborales.

Esta iniciativa, promovida por CSIF y que da continuidad al protocolo ratificado en mayo de 2017, cuenta como principal novedad la voluntad del Gobierno de reforzar y proteger específicamente el ámbito de autoridad que ejercen los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios. Así, se les reconocerá de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docenes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.