VOX ha presentado esta mañana alegaciones al Proyecto de creación del Observatorio regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género por considerar que no pueden crearse derechos fundamentales distintos a los proclamados por la Constitución, ni entrar en contradicción con ellos, "como sucede en toda la formulación del proyecto de Decreto que se propone". "Por una parte se atribuye la garantía de la no discriminación por orientación sexual, cuando es un derecho fundamental suficientemente protegido por nuestra Constitución y por otra, regula otros aspectos que necesitan de una Ley Orgánica para su modificación, como es el caso de la Ley del menor o la Ley de Autonomía del Paciente", afirman desde VOX Murcia en un comunicado.
"Tampoco queda establecido el criterio para la designación de los representantes sindicales ni las asociaciones que participarán, salvo que sean exclusivamente del colectivo LGTBI, dejando completamente al margen cualquier asociación o colectivo que pueda representar a las familias. El apoyo material y administrativo se asigna a la Dirección General competente en materia de derechos de personas LGTBI, pero no se cuantifica el gasto ni partida asignada", añaden.
José Ruiz, vicesecretario jurídico de VOX Murcia, ha declarado tras presentar las alegaciones que "el gobierno regional debe proceder de forma objetiva y razonable, no permitiendo la trasgresión de aquello que se pretende proteger, basándose en el principio de igualdad y no discriminación a colectivos distintos al que va destinado". Igualmente Pascual Salvador, presidente provincial de VOX, ha expresado que "esto no es más que un nuevo intento de imposición de la ideología de género, sin responder a ninguna demanda social real".
"Por ello, desde VOX, presentamos estas alegaciones, si bien nuestro objetivo es que se retire dicho proyecto, así como la derogación de la Ley LGTBI de la Región de Murcia y la Ley de Violencia de Género, pues con una falsa proclamación de lucha contra la discriminación vulneran la presunción de inocencia, el derecho al honor, la tutela judicial efectiva y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", apostillan.
