Se trata de una propuesta claramente insuficiente, que ni aborda la reversión de los recortes en Educación ni la recuperación de los derechos laborales del profesorado y en la que los únicos contenidos tangibles son la traslación de acuerdos suscritos en otros ámbitos y que obligarían al Gobierno regional con o sin pacto.

En una reunión explorativa la Directora General de Función Pública ha presentado a las organizaciones sindicales en la mañana del martes 6 de noviembre una propuesta de "preacuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo en la Administración regional".

La propuesta incluye puntos tan sorprendentes como el de acordar "aplicar en 2019 y 2020 las retribuciones que establezcan las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado". ¿Piensa el Gobierno regional que es posible no cumplir dichas Leyes? Los Presupuestos Generales del Estado recogerán en 2019 y 2020 incrementos retributivos para todos los empleados públicos del país (incluidos los murcianos, por supuesto) como consecuencia del Acuerdo alcanzado el pasado 9 de marzo por el Gobierno central, CCOO y otras organizaciones sindicales. Para que los empleados públicos murcianos reciban esos incrementos en sus retribuciones, como ya ha ocurrido en 2018, no es necesario ningún nuevo acuerdo con el Gobierno regional.

Lo mismo ocurre con los Fondos adicionales recogidos en el Acuerdo del 9 de marzo y para los que el Gobierno regional propone hacer aquello que no le queda más remedio que hacer: aplicarlos.

En la misma línea se nos propone dar cumplimiento al Primer Acuerdo de Mejora del Empleo Público (de 2017) que incluye ofertas masivas de empleo público para rebajar la tasa de interinidad al 8%. Nos preguntamos una vez más: ¿Es que si no suscribimos esta propuesta que se nos hace ahora el Gobierno regional no realizará ofertas de empleo tan amplias como sea posible?

La propuesta incluye el compromiso de convocar grupos de trabajo y abrir negociaciones sobre diversos temas como el de recibir propuestas para la paulatina recuperación del Plan de Acción Social.

Se incorporan compromisos de poner en marcha medidas que ya se aplican desde hace años, como dar a las parejas de hecho un trato similar al de los matrimonios, y se retrasa hasta octubre de ¡2021! la devolución de las cantidades dejadas de recibir en junio de 2014. Y se incluye como medida estrella dejar de penalizar económicamente a los empleados públicos en situación de incapacidad temporal -medida injusta e impresentable- que sólo se producirá si se firma el acuerdo y sin que se acepte aplicar esta medida con efectos retroactivos a la fecha en que dejó de penalizarse a los empleados públicos de la Administración General del Estado.

Ni una palabra para la recuperación de las plantillas docentes recortadas hasta lo indecible tras la aplicación del Real Decreto 14/12 que aumentó la carga lectiva del profesorado y que ahora el Gobierno central va a derogar. Ni una palabra para la dotación de recursos adicionales de atención a la diversidad o para la disminución de la ratio alumnado-aula; que esas sí son medidas de mejora del empleo y de las condiciones de trabajo del profesorado.

No hay cuantificación de cual sea el impacto presupuestario propio (los únicos compromisos ciertos son con fondos procedentes del Estado).

CCOO reclama que un Acuerdo de estas características debe incluir una temporalización de la vuelta a las cargas lectivas (y por tanto a las plantillas docentes) previas a los recortes y recuerda que aplicar en 2019 una reducción de una hora lectiva al conjunto del profesorado (lo que crearía 890 nuevos puestos de trabajo docentes) supone un esfuerzo presupuestario de 12 millones de euros. Cantidad que resulta inferior al coste del aumento de los conciertos educativos, innecesarios porque no atienden a necesidades de escolarización, en Bachillerato y FP.

Mucho tendrán que cambiar, a mejor, las propuestas del Gobierno Regional para que CCOO pueda suscribir un "preacuerdo" de recuperación de derechos.

CCOO trabajará en los próximos días para hacer posible una posición de rechazo a esta farsa: medidas que son de obligada aplicación, cumplimiento de compromisos ya suscritos en acuerdos anteriores que se han incumplido, promesas de negociaciones futuras, devoluciones de cantidades arrebatadas con hasta 7 años de retraso y nada de nada de lo que realmente compromete la garantía de un servicio público de calidad y la atención al alumnado.