El Gobierno regional apuesta por retomar el Pacto Educativo nacional dentro de la senda del consenso

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La Consejería participa en la consulta pública que ha abierto el Ministerio para recabar opiniones sobre los cambios que prevé realizar en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa

El Gobierno regional apuesta por retomar el Pacto Educativo nacional dentro de la senda del consenso

Martínez-Cachá exige al Ministerio que "abandone la política de ocurrencias y deje de anunciar medidas que carecen de rigor y que no han sido consensuadas con la comunidad educativa"

La Comunidad apuesta por retomar el Pacto Educativo nacional dentro de la senda del consenso. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha enviado sus propuestas a la consulta pública abierta por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para recabar opiniones sobre los cambios que prevé realizar en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

La consejera Adela Martínez-Cachá apostó por un Pacto Nacional Educativo y remarcó que "el Gobierno central desprecia este pacto haciendo tabla rasa de todas las propuestas que se habían planteado en su seno y además pretende derogar la Lomce para volver a la LOE, un modelo totalmente deficitario".

"El Ejecutivo nacional está acometiendo medidas de la máxima relevancia en el ámbito educativo sin contar con los sectores implicados. Está actuando de manera dogmática y sin dar lugar a negociación alguna", destacó la titular de Educación, quien exigió a la ministra que "abandone la política de ocurrencias y deje de anunciar medidas que carecen de rigor, de las que, además, las comunidades nos enteramos por los medios de comunicación".

En cuanto a la propuesta del Ministerio de incluir en la reforma de la Lomce que se pueda aprobar el Bachillerato con una asignatura suspensa, la consejera destacó que "desde la Región de Murcia apostamos por la cultura del esfuerzo, y esta medida más bien parece ir en sentido contrario". Añadió que, "toda medida que afecta al sistema de manera significativa debería ser antes sometida a consulta y debate en el seno de la comunidad educativa".

Entre las medidas propuestas, la Comunidad aboga por introducir en la nueva ley una reducción del trabajo administrativo de los docentes y de los estándares. Asimismo, plantea crear diferentes itinerarios formativos "como una herramienta de suma eficacia contra el abandono escolar o la obligatoriedad de las asignaturas de corte filosófico en cuarto de ESO y segundo de Bachillerato", detalló la consejera.

La titular de Educación subrayó que "apostamos por medidas que acaben con las desigualdades entre comunidades y que eviten el adoctrinamiento". Al respecto, añadió que "el Gobierno central pretende dejar en manos de las comunidades autónomas una diversidad de decisiones, cuando el propio Consejo Escolar del Estado ha manifestado lo positivo de avanzar en la homogeneización del sistema. No queremos 17 sistemas educativos en nuestro país".

Otra de las medidas que aporta la Comunidad es el impulso a una educación pública de calidad y la defensa de la enseñanza concertada. "El Gobierno central vuelve a atacar el derecho de las familias a elegir el tipo de centro que desean para sus hijos. Nosotros apostamos por garantizar el derecho de los padres a escoger el tipo de centro educativo que desean para sus hijos".

Además, Martínez-Cachá explicó que "defendemos el derecho de las familias que demandan que sus hijos cursen la asignatura de Religión, una asignatura que en nuestra comunidad cursan cerca del 70 por ciento de alumnos, y lo hacen porque así lo eligen ellos o sus familias en total libertad, por eso apostamos porque se mantenga".

La titular de Educación exigió también al Gobierno "una financiación justa e igualitaria entre comunidades autónomas para impulsar medidas que redunden en la mejora del sistema educativo".

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