Para ello hemos registrado nuestras alegaciones en el proceso seguido en trámite de audiencia pública y trasladado nuestra propuesta al Consejo de Servicios Sociales de la Región de Murcia realizado el pasado martes 27 de noviembre, donde insistimos en los siguientes asuntos:
Un verdadero proceso participativo para la elaboración del borrador del anteproyecto de Ley que regula las políticas de apoyo y protección a las familias, debe contar con los agentes sociales más representativos de la región y no ceñir nuestra participación a una consulta pública a través del portal de la transparencia y/o en los distintos consejos consultivos del área social.
Desde UGT creemos que este Anteproyecto de Ley debe contemplar que las situaciones sociales de las familias hoy en día son cambiantes, por lo que es esencial que la Ley reconozca esa pluralidad de situaciones familiares y acomode las actuaciones de las administraciones públicas a satisfacer las necesidades que surgen, en función de los cambios familiares que están teniendo lugar en nuestra sociedad. Mencionar por ello, que se producen cambios morfológicos (como la reducción del número de sus miembros y la aparición de nuevas opciones de convivencia) que deben ser consideradas y reguladas.
Consideramos desde UGT, que las Administraciones públicas no deben inhibirse ante estas transformaciones y es esencial que se reconozca y dé visibilidad a los valores positivos que han propiciado estos cambios, al amparo de la normativa derivada del marco constitucional que han hecho posible esta realidad de diversidad de tipos de familia como la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre hombres y mujeres, la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y las políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Por último manifestamos nuestro rechazo con la regulación que este anteproyecto de Ley realiza en materia de protección a la maternidad. Creemos que una Ley regional no puede incluir normativa que vaya contra los derechos constitucionales que toda mujer tiene en este país. Retroceder en derechos en materia de igualdad es incumplir el derecho constitucional individual de toda mujer a decidir cuándo y cómo quiere ejercer el derecho de ser o no madre. La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo garantiza la libre elección y regula un derecho constitucional por lo que creemos que con este Anteproyecto de Ley, el Gobierno Regional no puede interferir en estas decisiones sino el deber de garantizar un derecho ya reconocido.
