Los diputados del Grupo Parlamentario popular, Juan Luis Pedreño y Víctor Martínez-Carrasco se han reunido con representantes de UGT del personal docente y laboral de la UMU y la UPCT, a quienes han dado traslado del “más absoluto respaldo y apoyo” a las universidades públicas la Región de Murcia. Algo patente en la gestión del Gobierno regional con el impulso del Plan Plurianual de Financiación, y el soporte presupuestario que proporciona ambas instituciones 214 millones de euros, un 7% más que en el ejercicio anterior, lo que supone la mayor aportación económica de su historia.
Durante el encuentro los representantes de UGT dieron traslado a los diputados regionales de distintas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las universidades y de las condiciones laborales de los docentes.
En este sentido, tanto Pedreño como Martínez-Carrasco, se han mostrado favorables a la dignificación salarial de los profesores asociados, "una decisión, que corresponde a las universidades públicas”, según consideran, “y que debe resolverse en el ámbito de la negociación colectiva”. Asimismo, están de acuerdo con las mejoras retributivas de los cuerpos docentes aunque “se trata de una competencia del Estado, por lo que le corresponde al Gobierno central acometer esta reforma”. Y añaden que “cualquier modificación del Estado debe tener la correspondiente compensación económica a la Comunidad Autónoma por parte del Ejecutivo nacional”.
Los parlamentarios autonómicos han expresado también su acuerdo con la propuesta de elaborar una nueva Ley de Universidades “participativa y transparente”, y consideran que “el actual modelo de financiación esta funcionando de forma razonable”. Por otro lado, se han mostrado proclives a una revisión global del Consejo Interuniversitario tanto de sus funciones como de su composición. Abogando por “un Consejo Independiente formado por expertos nacionales e internacionales”.
Por último, desde el Grupo Parlamentario Popular no se considera una medida “equitativa” la bonificación del 99% de la matrícula para las asignaturas aprobadas “ya que supone la gratuidad de la matrícula y tendría un coste para las arcas públicas regionales de 30 millones de euros”. Y tampoco se valora como necesario la creación de una mesa sectorial de universidades ya que las leyes regionales proporcionan mecanismos de negociación
