La Consejería de educación ha firmado un Acuerdo con las Organizaciones sindicales de la enseñanza privada (entre ellas FESP-UGT) publicado en BORM de 10/04/2019; y que palía la pérdida de puestos de trabajo que pudiera ocasionarse en el sector; establecimiento las condiciones para el mantenimiento del empleo del personal docente de los niveles concertados con dinero público; de tal forma que:
Aquellos centros que reduzcan el número de unidades concertadas para cada curso escolar, podrán mantener la dotación de profesorado existente
Los profesores afectados, se incorporarán al censo que se crea al efecto, y serán contratados en otros centros privados concertados en los que se creen vacantes.
Se abonarán las indemnizaciones legales a las que se refiere el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores, también abonarán las indemnizaciones recogidas en los artículos 51.7 y 53.1b) del citado Estatuto. Los trabajadores incorporados al censo que hayan cumplido 50 años de edad y los que no dispongan de titulación académica o la que tengan sea insuficiente para acceder a una nueva recolocación, podrán optar, durante el plazo de vigencia del presente Acuerdo, por abandonar dicho censo con derecho a percibir una indemnización adicional de 30.877 Euros, que se incrementará progresivamente con el IPC anual.
Los centros que contraten profesores incluidos en el censo de recolocación para cubrir vacantes que se hayan producido a comienzos del curso 2019/20, se beneficiarán, a partir de 1 de septiembre de 2019 de 25 horas adicionales de cupo horario. Igual beneficio, en cuanto anticipos de aplicación de las citadas horas, obtendrán los Centros que recoloquen, a partir de septiembre de 2019, profesorado del censo
Resulta evidente que mientras la Escuela Pública tiene graves problemas de restricciones económicas de medios materiales y humanos la concertada recibe millones de euros.
Mientras los funcionarios interinos de la Escuela Pública al extinguírseles sus contratos no cobran ni un euro de indemnización, la Consejería de Educación si paga las indemnizaciones de los docentes de la concertada cuando son despedidos. Es decir, la administración corre con el abono de las indemnizaciones por despido que realizan estas empresas privadas y lo hace con cargo a los presupuestos de Educación. Es definitiva, con los impuestos que pagamos todos los murcianos la Consejería abona la indemnización por despido que realizan empresas privadas que tienen ánimo de lucro. Seria inimaginable que la administración abonara los despidos de Vodafone, o de Lidl, de la Caixa, o de cualquier otra empresa privada; y en cambio sí abona con dinero público estos despidos de trabajadores contratados a dedo por empresas privadas con ánimo de lucro, minorando ese dinero de las partidas que deberían ir a sustentar y mejorar la escuela pública.
A mayor abundamiento en caso de reducción de alumnos en estos centros se permite el mantenimiento del profesorado cuyos sueldos también paga la Administración, mientras en la Escuela Pública sufrimos recorte tras recorte, aumento de jornadas lectivas y aumento de alumnos por clase.
Por si esto era poco la Consejería de Educación correrá con los gastos de formación de los docentes de la Escuela privada-concertada incentivando que se formen mediante incentivos económicos a aquellos que se formen. Es impensable que una Administración se dedique a dar dinero a trabajadores de empresas privadas para incentivar que se formen cuando esa incentivación debería salir con cargo a su propia empresa que es la beneficiaria del servicio de sus trabajadores.
Es evidente que el gobierno regional quiere acabar con la Escuela Pública o reducirla a un gueto residual.
Asimismo, el SIDI propone que se prohíban las donaciones a partidos políticos por empresas propietarias de centros educativos-privados concertados.
Con esta acción se mantiene la línea de apoyo incondicional a la enseñanza privada, mediante el refuerzo de los conciertos con dinero público, ya que se suma al concierto del Bachillerato y la FP firmado en 2017 (siendo ésta, además, una enseñanza no obligatoria) y olvidando en estas contrataciones los principios de Igualdad, mérito y capacidad que si se aplican a las listas de interinos.
Al parecer a la Consejera le da igual lo que sucedió con los 3.000 puestos perdidos en la Región por el profesorado interino de la enseñanza pública, en los últimos años de recortes; le da igual que no sean indemnizados después de años trabajando, le da igual que no exista una consolidación de los docentes que actualmente están trabajando, es decir de las personas que no de los puestos, en definitiva, al parecer a la Consejera le da igual la enseñanza pública, centrando todos sus esfuerzos en la defensa de la enseñanza concertada y en el menosprecio a la enseñanza pública.
SIDI seguirá trabajando por una escuela pública de calidad, y seguiremos defendiendo que los conciertos en los centros privados sean ocupados por profesorado de las listas de interinos de la enseñanza pública. Recordamos a la Consejera que en la pública seguimos esperando bajadas de horas lectivas y consolidación del profesorado interino.
LA JUNTA DIRECTIVA DE SIDI
