Entre las alegaciones formuladas, reclama que la publicidad no condicione la viabilidad del servicio; la homologación salarial de los profesionales de la televisión autonómica con los de Onda Regional; mayor inversión tecnológica y la creación de un fondo de contingencias para atender situaciones excepcionales que requieran cobertura informativa.
El Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, corporación que representa institucionalmente a los periodistas y comunicadores audiovisuales, va a personarse en el trámite de exposición pública del "Estudio de viabilidad económico-financiera del concurso de gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia", formulando alegaciones al mismo.
Desde el Colegio se resalta que es preciso dotar al servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la estabilidad necesaria para desarrollar de manera adecuada un servicio público esencial, expresado como tal en el reciente acuerdo de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, suscrito por unanimidad de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea Regional en la pasada legislatura, a petición del propio Colegio Oficial de Periodistas.
Por su condición de motor estratégico del sector audiovisual y pieza indispensable para la articulación del derecho fundamental de la ciudadanía de la Región de Murcia a estar informados, la televisión autonómica debe contar con la financiación necesaria para garantizar la plena operatividad y viabilidad del servicio, así como unas óptimas condiciones laborales que deben darse tanto en la empresa concesionaria como en las productoras que trabajen para el medio.
Por ello no es razonable que el Estudio encargado por la Administración condicione la viabilidad del servicio público a la obtención de unos determinados ingresos publicitarios. Expresado de otro modo, este informe viene a señalar que de no conseguirse esos ingresos publicitarios, la televisión autonómica no sería viable y esto es algo que no puede ser admitido en un servicio público, cuya viabilidad debe estar a salvo de cualquier contingencia.
Por ello el Colegio de Periodistas plantea que los ingresos de publicidad sean contemplados como un elemento de mejora en el propio servicio incentivando, a través de las condiciones de licitación, que los resultados obtenidos por la gestión publicitaria reviertan parcialmente en el propio desarrollo del proyecto.
Homologación salarial
Nuestra institución considera a su vez que el modelo de gestión escogido, directa en el caso de la radio pública e indirecta en el caso de la televisión, no puede justificar disparidades económicas en puestos que tienen funciones análogas tanto en radio como en televisión y, en aquéllos que por su especificidad no lo sean, el cálculo ha de establecerse con arreglo al Convenio Colectivo.
Esta homologación debe operar a su vez para las productoras que prestan servicios a la televisión autonómica pues en este escalón se están dando en estos momentos las situaciones de mayor desigualdad retributiva.
En términos económicos, para atender esta demanda que, por lo demás, es absolutamente compresible y razonable, el incremento salarial debe ser del 30% y no del 12% previsto en el Estudio. Es decir, la cifra agregada de sueldos, salarios y cargas sociales debe pasar de los 3.265.810€ previstos para 2020 a los 4.245.553€, lo que representa una dotación adicional de 979.743€.
Junto al personal de plantilla, el Colegio recuerda que las colaboraciones son imprescindibles para el desarrollo de espacios informativos, tertulias, programas deportivos, retransmisiones… En el contexto actual, se vienen materializando una media de 100 colaboraciones mensuales no retribuidas, por lo que este coste, que debe ser asumido para normalizar la situación de la cadena, ha quedado oculto y desapercibido para los autores del Estudio, debiendo por tanto ser incorporado al escenario económico de la licitación.
Fondo para imprevistos e inversión tecnológica
Las alegaciones del Colegio de Periodistas se detienen también en la necesidad de que la cadena cuente con una dotación económica que permita atender situaciones imprevistas que requieren cobertura informativa. Han sido muchos los ejemplos de este tipo de situaciones acaecidas en los últimos años y, de no disponer de un presupuesto para atenderlas, el mismo ha de detraerse forzosamente de la programación convencional. El Colegio propone además que este fondo, caso de no ser precisa su utilización en un determinado ejercicio, pueda ser desplazado al siguiente.
En cuanto a la inversión para la adquisición de medios técnicos, el Colegio recuerda que las televisiones se encuentran inmersas en un proceso de digitalización, que conduce a nuevos canales y a producciones transmedia. La televisión autonómica de la Región de Murcia no puede verse desplazada de este proceso que requiere tanto inversión en tecnología como en recursos humanos, por cuanto será preciso dotar al medio de una redacción específica para este tipo de contenidos.
Por último, el Colegio resalta que el escenario de viabilidad económico-financiera que el Colegio sitúa en una cifra cercana a los 20 millones de euros, debe constituir el precio mínimo de adjudicación del servicio, por cuanto cualquier adjudicación por un precio inferior implicaría un escenario de no viabilidad.
Este aspecto debe ser tenido en cuenta en la licitación que, por ello, debe calcularse con un precio de salida que permita garantizar que no existan bajas por debajo de la cifra indicada, penalizando las ofertas que pudieran formularse por debajo del umbral de viabilidad que viene determinado por esta cantidad. En cualquier caso, la televisión autonómica seguirá siendo la más económica de España, con un coste mensual de 1,1 euros por habitante.
