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La Fiscalía da carpetazo definitivo a la denuncia por prevaricación contra el alcalde de Fortuna que orquestó la oposición para impedir obras en el municipio

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La decisión del Ministerio público evidencia la legitimidad del alcalde, José Enrique Gil, de intentar liberar al municipio de una situación injusta de bloqueo sistemático por parte de la oposición que solo ha perjudicado a Fortuna

En perfecta coordinación, Catalina Herrero (PP) y Miguel Romero (No adscrito), se lanzaron a una caza judicial de carácter político contra José Enrique Gil y el Gobierno Municipal de Fortuna

La Justicia ha archivado en total tres denuncias a la Fiscalía y una querella criminal por delitos de prevaricación y falsedad documental, con petición de 6 años de cárcel

Los socialistas denuncian que el único proyecto político de la oposición durante la legislatura que acaba ha sido "el filibusterismo, el bloqueo a la gestión y el acoso judicial"

La Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia acordó el pasado 6 de junio, mediante decreto, el archivo de la diligencia de investigación por prevaricación contra el alcalde de Fortuna, José Enrique Gil, dando así carpetazo definitivo a la denuncia de la oposición, motivada por la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 23 de mayo de 2018.

En aquella sesión plenaria, el alcalde de Fortuna planteó un expediente de modificación de crédito, dada la situación de solvencia económica, el informe favorable de Intervención y los informes de necesidad de la Oficina Técnica Municipal, con el fin de llevar a cabo obras necesarias y urgentes en el municipio, como reparación de aceras y pavimento de avenidas, la construcción de un puente que ante lluvias torrenciales incomunica las pedanías bajas, así como el asfaltado y reparación de caminos e iluminación en diseminado para mejorar la seguridad ciudadana.

Dado el bloqueo sistemático y sin precedentes de la oposición a la gestión del Gobierno socialista en Fortuna, hasta el punto de impedir pagar facturas pendientes y varias propuestas de presupuestos rechazadas, el alcalde, José Enrique Gil, condicionó la aprobación de las obras de reparación y seguridad a una cuestión de confianza, avalada por la amplia liquidez económica del Ayuntamiento, que en el cierre de 2017 contaba con 2,3 millones de euros de remanente y deuda financiera cero.

En la línea seguida durante toda la legislatura, la oposición, horas antes de la celebración del Pleno, se inventó una argucia en fraude de ley y presentó una enmienda a la totalidad, saltándose todos los trámites administrativos obligatorios, para declarar indisponible el dinero necesario para las obras del expediente de modificación de crédito, intentando hurtar el derecho de la Alcaldía a someterse a la cuestión de confianza y pretendiendo impedir realizar las obras necesarias que no podían demorarse al ejercicio siguiente, según informe de la Oficina Técnica Municipal.

La maniobra propuesta por el Grupo Municipal Popular fue clara: enmendar el acuerdo, desvirtuar la cuestión de confianza, y al mismo tiempo declarar indisponible el dinero, siendo la enmienda de contenido imposible porque los créditos no están disponibles cuando se aprueban sino cuando culmina el trámite de exposición pública. "Un auténtico dislate político y jurídico sin precedentes, nunca antes visto en ninguna administración local, que el alcalde entendió que era una iniciativa en fraude de ley, por lo que no procedía votarla. Esto dio lugar a la denuncia por prevaricación de la oposición y, finalmente, a su archivo por parte de la Fiscalía el pasado 6 de junio".

Además, el Ministerio público archivó el 5 de marzo y el 21 de mayo, respectivamente, otras dos denuncias contra el Ayuntamiento de Fortuna del que es máximo responsable José Enrique Gil, por el derribo de un muro que representaba peligro en un colegio y unas actuaciones de mejora en una senda vecinal.

A los mencionados archivos de la Fiscalía, se suma otra querella criminal interpuesta por el Grupo Municipal Popular en la que pedía hasta 6 años de prisión, también archivada en Primera Instancia y ratificada por el TSJ de la Región de Murcia. Dicho auto de sobreseimiento argumenta: "que el derecho penal, no es sino el último eslabón en el poder represivo del Estado, no siendo deseable la aplicación del mismo en asuntos que pueden encauzarse por otras vías jurídicas, sancionadoras o no. Y el caso que nos ocupa, estima el Tribunal que es un ejemplo paradigmático de lo expuesto [.] nos encontramos ante una discrepancia política en un Ayuntamiento por la necesidad de efectuar unas obras de mejora en la instalación eléctrica de un colegio, sobre las que ningún indicio existe que permita sostener una actuación delictiva por parte del máximo responsable municipal".

El alcalde de Fortuna, José Enrique Gil, considera que todas las actuaciones archivadas ponen en evidencia "el filibusterismo, el bloqueo sistemático y el uso y abuso de la Justicia como única forma de hacer política de la oposición, donde el único perjudicado ha sido el pueblo de Fortuna por esta estrategia que dura ya 4 años y de la que forman parte muchos más actores, además de los mencionados. Todos ellos, han estado perfectamente coordinados en esta maniobra ruin y perjudicial para los vecinos de Fortuna, negándole mejores servicios e infraestructuras, a pesar de tener una de las mejores situaciones económicas de la Región gracias al trabajo incasable y contra viento y marea del actual equipo de gobierno".

En este sentido, José Enrique Gil ha afirmado que "hemos realizado todo lo posible en términos políticos y siempre con el máximo rigor para promover soluciones en pro de los intereses generales del municipio, a pesar de las reiteradas negativas para llegar a acuerdos para los presupuestos. Sin embargo, durante toda la legislatura ha habido un impedimento constante por parte de la oposición para poner los ahorros logrados al servicio del pueblo de Fortuna".

"Estamos satisfechos que se evidencie la tremenda irresponsabilidad cometida por la oposición, al tiempo que lamentamos que por ello no hayamos podido invertir todavía en esas obras de mejora y seguridad, máxime teniendo en cuenta que en 2018 cerramos el ejercicio con deuda financiera cero, un superávit presupuestario de 740.125€ y un remante de tesorería de 2.514.666€".

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