Después de tres años de la aprobación de la Ley de igualdad social LGTBI y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Murcia, seguimos estando en el mismo punto de invisibilidad por puro desinterés de la Administración, ya que el ridículo presupuesto existente imposibilita la puesta en marcha de las medidas de igualdad, necesaria para la plena inclusión de nuestro colectivo, por parte de los técnicos de las distintas consejerías.
Ahora surge un nuevo problema: un sector del conservadurismo más rancio del Estado, y en especial, de nuestra Región (podría decirse que tiene especial arraigo aquí, por no decir cantera) se empodera de una serie de creencias erróneas de lo que consideran la libertad del individuo. Se manifiestan los reaccionarios bajo el irónico nombre de Vox (la voz ¿de quién?), impidiendo que los ciudadanos, les ciudadanes y las ciudadanas siempre considerados de segunda, como son las personas LGTBIQ+, aspiren a tener un trato de igualdad social. De momento, la representación de este partido es mínima, pero estos días podemos ver en la Asamblea Regional la influencia que tienen sobre los otros grupos de derechas en la decisión de poder.
En materia de Educación, exigimos, desde la Federación de Enseñanza de CCOO, Región de Murcia, la puesta en marcha efectiva de la Ley de Igualdad Social LGTBI bajo la máxima expresada en el texto de que "toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual o identidad de género y con el debido respeto a estas". El respeto está en mostrar la realidad, normalizando la diversidad en cuestiones de género y de orientación sexual. Es una labor de las administraciones, pero también de los agentes educativos y sociales en su conjunto. La orientación, expresión e identidad diferente ha desarrollado un estigma, cuyo supuesto "contagio" inmoviliza a la sociedad: no por defender la causa LGTBI se es gay, lesbiana, bisexual, transexual o intersexual (y si se es, no pasa nada), se es justo, como ocurre en otros ámbitos de la igualdad, y es la conciencia de justicia social la que ha de mover la labor de todo educador y toda educadora.
Más adelante, el documento subraya: "La Comunidad Autónoma adoptará las medidas adecuadas para garantizar una escuela para la inclusión y la diversidad LGTBI, ya sea en el ámbito de la enseñanza pública, la concertada o la privada (…)". Desde nuestro ámbito, solicitamos que se contemple de verdad la atención a la diversidad afectivo-sexual y de género como parte del Plan de Intervención en los centros, ya que es una cuestión de sensibilización dirigido a todo el alumnado y de no discriminación, sobre aquel que pueda o no tener una orientación, pero que sí comience a mostrar una expresión de género no normativa en Educación infantil y Primaria, por ejemplo, y que pueda llegar a percibir grados de violencia.
Por último, para el profesorado y personal no docente que se decida a trabajar desde una perspectiva igualitaria en un centro educativo, la Ley dicta que "velará en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el cumplimiento efectivo de los derechos laborales y de prevención de riesgos laborales de los colectivos LGTBI". Lo deseable sería que la alusión a la prevención de riesgos laborales no fuera por la acción de denuncia de grupos políticos reaccionarios.
