Gobernanza presupuestaria de la UE:

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Los auditores consideran necesario seguir reforzando los requisitos para los Estados miembros y supervisar mejor su aplicación

Gobernanza presupuestaria de la UE:

La UE necesita seguir reforzando sus requisitos legales para los marcos presupuestarios nacionales y supervisar mejor su puesta en práctica por los Estados miembros, según un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal). En algunos aspectos los requisitos son más laxos que las normas internacionales y, hasta la fecha, la Comisión Europea tiene un conocimiento limitado sobre si los países los aplican debidamente. Los auditores también advierten del riesgo de incoherencia entre las evaluaciones de la Comisión y las de las instituciones presupuestarias independientes sobre el cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE, así como de la limitada eficacia del Consejo Fiscal Europeo puesto que no es plenamente independiente de la Comisión.

Para corregir la causa profunda de la crisis financiera y mejorar la gobernanza presupuestaria, especialmente en la zona del euro, la Comisión trató de complementar el marco presupuestario de la UE con disposiciones nacionales vinculantes. Entre otras cosas, exigió a los Estados miembros que establecieran instituciones presupuestarias independientes, normas presupuestarias nacionales y marcos presupuestarios plurianuales. Los auditores examinaron si los requisitos de la UE reforzaron los marcos presupuestarios nacionales y si la Comisión evaluó la aplicación de estos por los Estados miembros.

«La acción legislativa de la UE impulsó el refuerzo de los métodos que utilizan los Estados miembros para aplicar sus políticas presupuestarias», declaró Mihails Kozlovs, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Sin embargo, el marco jurídico de la UE por el que se rigen los marcos presupuestarios nacionales es fragmentario y puede mejorarse».

El número de normas presupuestarias nacionales e instituciones presupuestarias independientes aumentó significativamente en 2011 a raíz de la primera Directiva de la UE en la que se establecían los requisitos mínimos para los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Sin embargo, los auditores constataron que alguno de estos requisitos no llega al nivel de las normas y las buenas prácticas internacionales establecidas por el FMI y la OCDE, especialmente los relativos a los marcos presupuestarios a medio plazo y a las instituciones presupuestarias independientes de los Estados miembros. Si se aprobara, la nueva Directiva de la UE propuesta en 2017 corregiría muchas de las insuficiencias identificadas, pero no todas. Uno de los ejemplos destacados por los auditores es el mecanismo corrector, pues la definición de las circunstancias en las que debe activarse sigue siendo vaga.

Las verificaciones de la Comisión para comprobar que la legislación nacional se ajustara a los requisitos de la UE han sufrido retrasos debidos a distintos motivos, aunque también a factores que escapan a su control. Además, sus evaluaciones sobre cómo aplican los Estados miembros realmente estos requisitos, o no se han llevado a cabo todavía, o se realizaron demasiado pronto como para ser significativas, y por tanto, los auditores consideran que tienen un limitado valor informativo. Actualmente, la supervisión de la Comisión se basa en la información suministrada por los Estados miembros, que se refiere principalmente al marco institucional y no al funcionamiento real de los marcos presupuestarios.

Las instituciones presupuestarias independientes verifican el cumplimiento por sus países de las normas presupuestarias nacionales, y algunas también comprueban el cumplimiento de las normas tributarias de la UE. En este último caso, ha habido ocasiones en que la Comisión y las instituciones presupuestarias independientes llegaron a conclusiones diferentes. Uno de los motivos es que la Comisión puede ejercer su facultad discrecional para aceptar «circunstancias excepcionales» como justificación para rebajar los requisitos de ajuste en los países que todavía no han alcanzado sus objetivos presupuestarios a medio plazo.

En el informe se destaca que la creación del Consejo Fiscal Europeo, cuyo cometido es evaluar el marco presupuestario de la UE y la adecuación de la orientación presupuestaria en la zona del euro y en el ámbito nacional, fue una medida positiva. Sin embargo, aún cabe reforzar su función y su independencia. Actualmente, el Consejo es un órgano consultivo de la Comisión, la cual no está sujeta al principio de «cumplir o dar explicaciones» por lo que puede desestimar las propuestas y recomendaciones emitidas por el Consejo sin justificarlo.

El Tribunal recomienda que la Comisión:

  • revise los requisitos de la UE para los marcos presupuestarios nacionales y tenga en cuenta las normas internacionales y las buenas prácticas;
  • mejore la garantía del funcionamiento de los marcos presupuestarios nacionales;
  • refuerce la cooperación con las instituciones presupuestarias independientes para minimizar las divergencias en las evaluaciones de conformidad.
  • refuerce el Consejo Fiscal Europeo.

Los Estados miembros conservan la soberanía sobre las políticas presupuestarias, aunque es necesario coordinarlas para evitar efectos colaterales negativos y amenazas a la estabilidad monetaria en la zona del euro. La Comisión evalúa el cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE, de los proyectos de planes presupuestarios y de los programas de estabilidad o convergencia de los Estados miembros.

Los marcos presupuestarios nacionales son las disposiciones, procedimientos, normas e instituciones que subyacen a las políticas presupuestarias, como estadísticas, previsiones, presupuestación anual, marcos presupuestarios a medio plazo, instituciones presupuestarias independientes y normas presupuestarias y mecanismo corrector.

El Informe especial n.º 22/2019: «Requisitos de la UE para los marcos presupuestarios nacionales: Es necesario seguir reforzándolos y supervisar mejor su aplicación» puede consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. Anteriormente, el Tribunal examinó el Componente corrector y preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como el procedimiento de desequilibrio macroeconómico.

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