Los cinco componentes de la Mesa de la Asamblea Regional han decidido por unanimidad prorrogar la estancia de la Universidad Politécnica de Cartagena en la residencia Alberto Colao, propiedad del Parlamento Autonómico desde hace once años, a cambio de una compensación mensual de 12.000 euros hasta julio de 2022, fecha en la que el rector de la UPCT, Alejandro Díaz Morcillo, se ha comprometido a que esta institución abandone las instalaciones.
Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional, ha señalado que la voluntad unánime de llegar a un acuerdo “y es por ello que hemos decidido realizar una importante rebaja de 457.000 euros fijados para el periodo completo en la cantidad inicialmente propuesta al rector, para facilitar un entendimiento entre ambas partes, que creemos y deseamos que se va a producir”.
En este sentido, Castillo, ha manifestado que le remitirá el acuerdo de la Mesa al rector de la UPCT, para que a su vez lo haga llegar al Consejo de Gobierno. “Creo que no habrá problema para llegar a un acuerdo porque la buena voluntad de la Asamblea Regional ha quedado manifiesta con la importante rebaja que hemos realizado, y por tanto no hay ningún obstáculo para que la prórroga se firme antes del 31 de diciembre, día en el que expira el contrato”.
“La Asamblea Regional necesita recuperar la instalación en la que se ubica la residencia, debido a las múltiples deficiencias que presenta el actual hemiciclo y a la falta de espacio del edificio actual, que por primera vez en la historia, alberga a cinco grupos parlamentarios diferentes, lo que ha desembocado en la imperiosa necesidad de conseguir nuevos espacios para poder realizar el trabajo de forma adecuada”, ha añadido el presidente del Parlamento autonómico.
La propuesta de la Asamblea Regional consiste en prorrogar a la UPCT el contrato de la residencia Alberto Colao entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2022, a razón de un pago mensual de 12.000 euros. En el caso de que en esta fecha la UPCT no hubiera abandonado las instalaciones se prorrogaría el contrato un año más, aunque se impondría una cláusula de penalización, mediante la cual la compensación sería de 15.000 euros mensuales.
