La Justicia gratuita, y el derecho a la misma, entendida esta como el derecho a una defensa efectiva, independientemente de que se carezca de medios económicos, debería ser un derecho universal, y así se entiende, o debería entenderse, en los países que nos consideramos civilizados.

A este objetivo responde el denominado "Turno de Oficio" que los abogados que lo desean prestan, como una aportación a aquellos ciudadanos que carecen de medios para abonar los honorarios que les correspondería pagar en caso de ser llevado su caso fuera de este servicio solidario.

Hablamos de servicio solidario porque lo que los abogados de oficio perciben, por atender y proporcionar una defensa adecuada a los ciudadanos sin medios económicos, está muy lejos, no solo de las minutas que les correspondería abonar para ser considerada una retribución adecuada, sino que en la mayor parte de los casos, ni tan siquiera cubren una mínima parte de la dedicación en tiempo, y de los gastos que genera la atención mínima imprescindible a la entrega de cada caso, y mucho menos, a la que estos profesionales consideran que el afectado tiene derecho.

Baste como botón de muestra que un abogado del turno de oficio adscrito a la jurisdicción laboral cobra por este servicio en la Comunidad de Madrid, en concepto de indemnización, la cantidad de 200 euros/brutos, según el baremo establecido, por todo un procedimiento que puede durar años y que le puede tener ocupado trabajando durante semanas y que lleva aparejado, por ejemplo: en un procedimiento por despido, el estudio del caso, elaboración de la demanda, asistencia a juicio y procedimiento de ejecución, a lo que se suman todas aquellas actuaciones que se deriven de todo ello, más las oportunas gestiones, desplazamientos y fotocopias, que por supuesto corren por cuenta del abogado, ya que se incluye todo en el módico "precio" de los 200 € de referencia.

La Justicia es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, excepto en cinco en las que el Ministerio de Justicia tiene competencia directa: Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León e Islas Baleares, además de los órganos centrales Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.

Centrándonos, en el conflicto actual, esto es, el impago de las asistencias del turno de oficio que no han sido aprobadas como justicia gratuita. Lo cierto es que el abogado del turno de oficio, ha tenido y tiene que realizarlas y su trabajo está hecho, y, por tanto, hay que abonárselo. Cuestión aparte es que la Ministra Delgado deba plantearse que la Administración dispone de los medios suficientes para repercutir ese coste al justiciable si se verifica que tiene rentas para sufragarlo, puesto que la Administración sí tiene medios para poder realizar las averiguaciones y reclamaciones oportunas, no así el profesional.

Independientemente del motivo que ha generado que el Ministerio de Justicia haya retenido el pago de la subvención de la Justicia Gratuita de los meses de julio, agosto y septiembre, algo sin precedentes en nuestro país, lo cierto es que los abogados del Turno de Oficio han hecho su trabajo y lo han hecho bien, por tanto, la insuficiencia de cobertura que se da a esta prestación, independientemente del esfuerzo y dedicación de estos profesionales, nos lleva a afirmar que el derecho reconocido en el artículo 119 de nuestra Constitución puede considerarse papel casi mojado.

Por tanto, el Ministerio de Justicia se tienen que proponer seriamente y con rigor buscar soluciones, soluciones que no son para los abogados del Turno de Oficio, sino para toda la sociedad, si se quiere salvaguardar el Estado democrático y de Derecho. De ahí que desde CONTIGO exijamos al Ministerio de Justicia que adopte las medidas necesarias para pagar todas las asistencias realizadas, hayan sido autorizadas o no como justicia gratuita, además de dignificar el trabajo de los profesionales del Turno de Oficio que cada día dedican su tiempo, sus recursos, su esfuerzo, dedicación y profesionalidad a salvaguardar nuestro Estado de Derecho.

Desde CONTIGO Somos Democracia consideramos que la situación que estamos viviendo nos debe llevar a reflexionar sobre el alcance de esta prestación constitucional, la atención a su cobertura que han efectuado los diferentes gobiernos tanto del PSOE como del PP, y sobre todo, a que situaciones como esta no puedan volver a producirse, ni por la incompetencia de una ministra, ni por intereses partidistas, o por pura y simple dejación.

Por tanto, exigimos la dimisión de la Ministra de Justicia, así como:

El pago de las asistencias realizadas.

Que se trabaje seriamente sobre el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

Que se reforme la Ley de Justicia Gratuita para que se garantice el pago de estos profesionales, y que se dignifiquen los baremos de los profesionales del Turno de Oficio.

Que se revise el Estatuto de la Abogacía.

Que se adoptenlas acciones necesarias para equiparar las medidas de protección de la abogacía del Turno de Oficio con el resto de profesionales que prestan servicios públicos y gozan de protocolos de prevención y actuación frente a laviolencia en el trabajo y que se incorpore en el Código Penal a los abogados del Turno de Oficio como autoridad, dando así la misma protección penal que se dio en el año 2015 al personal médico y docente.

Todo lo anterior, contando con los profesionales del Turno de Oficio y sus propuestas.

El derecho a una defensa real y efectiva es un derecho constitucional y como tal ha de ser entendido y respetado, y es por este motivo que como partido democrático nos hemos sumado a las reivindicaciones de la abogacía del turno de oficio, y a las manifestaciones convocadas por los profesionales del derecho del pasado día 20 de diciembre y acudimos, entre otras, a la concentración que tuvo lugar ante la sede del Ministerio de Justicia en la C/ San Bernardo n.° 19 de Madrid.