El diputado socialista asegura que esto demuestra que esta medida es fruto exclusivo de las presiones y chantajes de organizaciones ultraconservadoras y de la extrema derecha, y no una necesidad real motivada por quejas o denuncias en este sentido, "que tal y como ha reconocido López Miras, no se han producido"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Espín ha pedido la comparecencia en la Asamblea Regional de la consejera de Educación para que dé explicaciones sobre el visto bueno de la Consejería a la medida del veto parental antes de tener informes jurídicos y de la inspección.

Espín ha calificado de inadmisible que el Gobierno regional ponga en cuestión derechos fundamentales individuales y valores constitucionales, convirtiendo estos en objeto de debate público, cuando forman parte del consenso social y están recogidos en la Constitución, en las normas internacionales y las propias leyes de ordenamiento jurídico.

"El visto bueno de la Consejería antes de tener informes jurídicos y de la inspección demuestra que esta medida es fruto exclusivo de las presiones y chantajes de organizaciones ultraconservadoras y de la extrema derecha, y no una necesidad real motivada por quejas o denuncias en este sentido, "que tal y como ha reconocido López Miras, no se han producido", ha indicado.

Espín ha calificado de "vergonzoso e irresponsable" que la Consejería de Educación pidiera los informes jurídicos y de la inspección días después de haber implantado el veto parental y de que el PSOE requiriera esta información en la Asamblea Regional.

Ha recordado que el Gobierno regional envió a los centros educativos las instrucciones de inicio de curso sin haber pedido a la inspección y a los servicios jurídicos sendos informes que lo avalaran. "Estos se solicitaron días después de que el PSOE pidiera estos documentos y solicitara la retirada inmediata de las instrucciones".

El Grupo Parlamentario Socialista solicitó al Gobierno regional esta información el día 4 de septiembre, tras haber denunciado públicamente las irregularidades de esta medida. "El informe de la inspección no se solicitó hasta el día 9 de septiembre, lo que nos hace pensar que fue nuestra solicitud de información la que la motivó. El informe de los servicios jurídicos de la Consejería se solicitó ya en octubre, tras más de un mes de la puesta en marcha del veto parental".

"El PSRM lleva denunciando desde mayo de 2018 las cesiones del Gobierno regional ante los chantajes de los sectores ultras, cuyo principal objetivo es cercenar el derecho constitucional de los niños, niñas y jóvenes a ser formados en los valores de la igualdad y el respeto a la diversidad. En su particular lucha contra el colectivo LGTBI y la igualdad de género, han encontrado aliados en el Gobierno de la Región, que han perpetrado un hachazo a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, a la libertad de cátedra del profesorado y la autonomía de los centros educativos".

El diputado socialista ha explicado que en los informes, realizados a posteriori y solicitados para corroborar la polémica medida, se citan sentencias sesgadas del Tribunal Supremo y se excluyen otras posteriores como la del 11 de febrero de 2009 en la que se dicta que: "El Estado, en el ámbito correspondiente a los principios y la moral común subyacente de los derechos fundamentales, tiene la potestad y el deber de impartirlos y lo puede hacer, incluso en términos de su promoción. Incluso continúa, dentro del espacio de lo que sean planteamientos ideológicos, religiosos o morales individuales, en los que existan diferencias y debates sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con neutralidad".

"Corresponde al sistema educativo la labor de impartir y promocionar valores y principios propios de la moral común, cuyo máximo exponente, fruto del consenso social, es nuestra Carta Magna, que recoge el respeto a la diversidad y la igualdad como principios fundamentales. Por tanto, estos no se constituyen como parte de los planteamientos ideológicos o de la moral personal, sino de la ética comunitaria que hemos conformado como sociedad democrática y como tal, no existe objeción de conciencia educativa que pueda limitar su conocimiento", ha concluido Espín.