El sindicato pide a Educación que se preserven los derechos laborales y de conciliación del profesorado durante todo el cierre de los centros educativos.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras de la Enseñanza considera que, ante el cambio cuantitativo y cualitativo que está tomando la propagación del virus en el ámbito educativo, el principio de prevención y el derecho a la salud de todos los miembros de la comunidad educativa debe priorizarse. Por ello, compartimos el criterio adoptado por expertos científicos,  que considera el cierre inmediato de todos los centros educativos así como la  suspensión temporal de las reuniones, congresos y todas las actividades presenciales de formación del profesorado, como la mejor medida para controlar la expansión. 

Entendemos la dificultad de la situación así como de la necesidad de hacer un esfuerzo para transmitir tranquilidad frente al alarmismo que parece estar instalándose en la sociedad. Para eso es fundamental que todas las políticas de prevención y las decisiones que se tomen sean explicadas para garantizar una buena gestión, la máxima transparencia y evitar consecuencias negativas en la aplicación de las mismas.

Por eso, lanzamos públicamente una serie de cuestiones que consideramos necesario que se tengan en cuenta en estos momentos:

La Consejería de Educación, en coherencia con el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, debe dejar claro que la suspensión de la actividad lectiva no va a tener ninguna repercusión académica (pérdida de la evaluación continua) y que se va a reducir el currículo a evaluar.

No se puede implantar una medida como las clases online si todo el alumnado no tiene acceso  a estas herramientas. De lo contrario se estaría incurriendo en una discriminación. Hoy por hoy, con carácter general, los centros educativos no están preparados para impartir docencia en línea. Por lo tanto, se deben tomar medidas alternativas como la lectura, ejercicios recomendados, cuadernos de trabajo, material audiovisual,... que aseguren que el alumnado más vulnerable no se va a quedar atrás.

El cierre ampliado de centros educativos a menudo da lugar a un aumento en las tasas de abandono escolar, debido a que una parte de alumnado no vuelve una vez que las clases se han reiniciado. Educación debe preparar estrategias para atajar esta posible consecuencia derivada del cierre masivo de centros educativos.

Educación debe dar instrucciones claras en todo momento sobre qué profesorado debe ir al centro y cuál no, qué responsabilidades se van a poder exigir por parte de aquellas posibles personas que se contagien siendo obligadas a acudir al centro educativo, o qué mecanismos y herramientas se ponen a disposición del profesorado para realizar ese trabajo telemático. Cualquier situación de poca claridad produce un tremendo malestar e incertidumbre entre el equipo directivo y las plantillas de los centros.

En la reorganización de la presencia del profesorado en los centros educativos, siguiendo las instrucciones dictadas por la Consejería, deben preservarse los derechos laborales y de conciliación del profesorado. 

Exigimos que la Administración habilite mecanismos de solicitud de cita previa para los procesos administrativos en curso como las matriculaciones, a fin de evitar las masificaciones de personas en las instalaciones de los centros educativos, que sin duda.no ayudará a la contención del virus.

Desde el sindicato nos ponemos a disposición del profesorado al que no se atienda en las medidas de conciliación familiar y se le deniegue cualquier tipo de permiso por deber inexcusable por cuidado de menores o mayores con discapacidad. Además, defendemos que la presencia de los docentes en los centros educativos debe eliminarse o reducirse al mínimo durante el tiempo en que no se desarrolla ningún tipo de actividad lectiva presencial.

STERM-i recuerda que, en todo caso, las ausencias del profesorado afectado por cierre de centro, por estar en cuarentena o afectado por la enfermedad deben ser consideradas Incapacidad Laboral por situación asimilada a accidente de trabajo . Asimismo deben convocarse, a la mayor brevedad posible, los Comités de Seguridad, Salud y Prevención de riesgos laborales en el ámbito educativo, que se podrán llevar a cabo de manera telemática, para hacer el adecuado seguimiento de esta crisis.