La Comunidad presenta la primera ley autonómica en infraestructuras y vivienda que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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Se incluye en el Decreto-Ley para mitigar el impacto socioeconómico del Covid-19

La Comunidad presenta la primera ley autonómica en infraestructuras y vivienda que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El consejero de Fomento indica que el objetivo de las modificaciones incluidas en el texto normativo es “favorecer la reactivación rápida de la actividad económica a través de la agilización burocrática”

La Comunidad presenta la primera ley autonómica en infraestructuras y vivienda que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda Urbana española y europea y de la ONU, con el fin de prevenir y reducir los efectos del cambio climático en la Región de Murcia. El texto promueve la implementación de las denominadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SNB) como estrategia para la renaturalización de las ciudades y mejorar las condiciones de vida.

Así se incluye en la Decreto-Ley para mitigar el impacto socioeconómico del Covid-19 en materia de infraestructura y vivienda, que hoy convalidó la Asamblea Regional, e inicia así su tramitación como proyecto de ley.

 El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, explicó que “el texto incluye una amplia batería de medidas en el área de infraestructuras para favorecer la reactivación rápida de la actividad privada a través de la agilización burocrática y que se integran en el Plan Reactiva para avivar la economía regional ante la crisis sanitaria”.

Según expuso, “introducimos en la ley la sostenibilidad y la protección medioambiental como un elemento fundamental de la actividad administrativa en materia urbanística”, y añadió que “se pretende que la ordenación del territorio y el urbanismo sean herramientas sensibles a la sostenibilidad y a la protección medioambiental como elementos fundamentales para el desarrollo”.

Díez de Revenga explicó que el objetivo de la ley, “que cuenta con las garantías jurídicas necesarias, es ganar en eficiencia y competitividad del tejido productivo regional gracias a aligerar la carga burocrática”. Calificó de “urgentes” las medidas propuestas para favorecer la actividad empresarial, proteger el empleo y dar seguridad en los hogares, ante una “crisis económica sin precedentes”.

Entre las medidas de fomento de la sostenibilidad, también se favorece la instalación de placas solares y se apuesta por una gestión sostenible de los puertos a través de la introducción de criterios de ecoeficacia y adaptación al cambio climático en la adjudicación de las concesiones portuarias.

Seguridad en los hogares

El consejero destacó las medidas para fomentar la seguridad en los hogares, especialmente “la modificación normativa que pone fin al proceso de justificación de todas las ayudas de reparación de las viviendas dañadas por los terremotos de Lorca”.

 Señaló que “además de eximir el pago del alquiler social a 1.845 familias mientras dure el estado de alarma, se da la posibilidad a las familias que actualmente viven en viviendas sociales en régimen de alquiler puedan pasar a ser propietarios de sus casas que hayan cumplido con el pago de las rentas durante 25 años”. También se potencia el Servicio de Mediación y Orientación Hipotecaria “que tan buenos resultados ha dado, en particular en situaciones de sobreendeudamiento”, aseguró.

Díez de Revenga explicó que la norma recoge medidas de reactivación empresarial a través de la agilización de la burocracia que posibilita la atracción de inversiones en energía renovable, así como la eliminación de duplicidades y la carga administrativa con el fin de facilitar la implantación de actividades..

Se realiza una reducción generalizada de los plazos administrativos en los procesos urbanísticos, y una aceleración de los procedimientos de tramitación de los planes generales de los municipios y sus modificaciones puntuales. También se posibilita la tramitación simultánea de licencias de edificación y el estudio de detalle, así como se amplía el uso de la denominada `declaración responsable´ en las licencias de edificación que agilizará de igual modo los tiempos de tramitación administrativa.

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