La Fapa RM Juan González, iniciará la vía judicial frente a la Consejera de Educación y Cultura, María de la Esperanza Moreno Reventós, si no atiende al requerimiento administrativo de la FAPA y garantiza el derecho a la educación recogido en el art 27 de la Constitución, "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes", durante el próximo curso 2020/21 desde el primer día lectivo que marque el calendario escolar, siempre y cuando no estemos inmersos en una situación de emergencia sanitaria.

Desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, los centros educativos han permanecido cerrados a la asistencia presencial del alumnado, por causa de fuerza mayor que toda la sociedad entendió y respetó. Durante el periodo de confinamiento se trabajó desde casa en modalidad a distancia, y se produjeron diversos problemas, el más importante fue y es a fecha de final de curso que la educación telemática no garantiza la igualdad de oportunidades y la equidad para todo el alumnado y muy especialmente para aquel con necesidades educativas especiales o específicas.

Llegó mayo y mejoraron las variables sanitarias, vemos la luz al final de un largo túnel, y con ellas la programación de un plan de desescalada basado en fases asimétricas y en el principio de prudencia. El sector educativo queda pospuesto para la fase II. La realidad ha sido que no se ha producido tal desescalada, existiendo margen sanitario suficiente a tenor de cómo están de ocupados los jardines, las plazas y las terrazas de los bares y restaurantes de los municipios en fase II.

En este proceso de desescalada nos hemos movido entre lo inoperativo de las distintas Conferencias Sectoriales promovidas por el Ministerio de Educación, la resistencia del profesorado, los sindicatos docentes y las organizaciones de directores/as a volver a las aulas y la poca firmeza en relación a la apertura de centros de las familias y las organizaciones que la representan.

La Fapa Juan González, considera que es el momento de impulsar de forma decidida la apertura de centros, por lo que exigirá a la responsable máxima de la educación no universitaria de la Región de Murcia, que debe presentarse antes de 31 de julio un plan perfectamente detallado y consensuado con la comunidad educativa con todas las medidas y recursos necesarios para garantizar el acceso de todo el alumnado el primer día del curso escolar 20/21.

Entenderemos que el profesorado reivindique condiciones adecuadas de trabajo, pero que lo haga desde dentro de los centros, no anteponiendo su ámbito laboral y profesional al derecho a la educación de la población escolar de nuestra comunidad.