La coalición registra una moción en los consistorios en los que plantea además la renuncia a las competencias para elaborar los Planes de Ordenación de Playa y para evaluar ambientalmente los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización, además rechazar cualquier autorización para la ampliación de instalaciones que supongan mayor producción de residuos, vertidos y emisiones
El responsable de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha informado esta mañana de la presentación de una moción en todos los ayuntamientos en los que exista grupo municipal de Unidas Podemos, Podemos o Izquierda Unida, contra la implantación de las medidas de los decretos del pelotazo aprobados por López Miras con la excusa de la "mitigación de los efectos del Covid". La coalición denuncia que los dos decretos impulsados por el Gobierno Regional "no tienen nada que ver con la pandemia ni con la lucha contra sus consecuencias socioeconómicas o sanitarias", sino que buscan "regresar a la política del pelotazo, autorizando más construcción en la costa, más contaminación y más presión sobre entornos naturales que ya han dado sobradas muestras de colapso ecológico". Desde Unidas Podemos señalan además que el Gobierno Regional utiliza la herramienta del decreto-ley con el objetivo de "evitar así la participación pública y el dictamen del Consejo Jurídico o el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente".
En el texto de la moción, Unidas Podemos explica que en el primero de los decretos, el Gobierno Regional introdujo que "la atribución de la competencia para elaborar los Planes de Ordenación del Litoral, que desde ahora se denominarán Planes de Ordenación de Playa, pasa a ser de los Ayuntamientos", aunque en el texto "no se recogen los criterios que han de guiar esta autorización, lo que conlleva una arbitrariedad total". Además, tal y como ha denunciado Marín, en este decreto "se elimina de la figura de los Estudios de Detalle como instrumentos desarrollo de los Planes Generales Municipales de Ordenación", que ahora serán algo "meramente complementario".
En el segundo de los decretos, se traslada de la Consejería responsable de Medio Ambiente a los ayuntamientos la evaluación de los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización y Se permite aumentar hasta un 30% el consumo de recursos naturales, la producción de residuos, la generación de vertidos y emisiones, sin necesidad de evaluación ambiental alguna. Hernández ha señalado que se trata de "un auténtico disparate que puede suponer además más presión para ecosistemas ya muy afectados, como el Mar Menor". Para el dirigente de Unidas Podemos "es un contrasentido que cuando toda la sociedad murciana está exigiendo que no se continúe contaminando nuestro patrimonio natural, el Gobierno Regional utilice la pandemia del coronavirus para aprobar por la puerta de atrás que se puedan degradar nuestras tierras, aguas y aires un 30% más que hasta ahora".
Por su parte, el coordinador general de IURM, José Luis Álvarez Castellanos, ha expresado que desde la coalición temen además que el traspaso de competencias a los ayuntamientos afecte al control efectivo de las posibles irregularidades, ya que "siempre será más difícil el control de 45 entidades municipales que el de una Consejería que centralice estos trámites". Además, apuntan que "tanto la menor disposición de medios humanos y materiales, como la dificultad mayor para un control efectivo podrían tener consecuencias graves para el respeto del ordenamiento jurídico", algo que recuerdan "bien conocemos en una Región de Murcia especialmente afectada por la corrupción entre 1997 y 2008". Durante el boom del ladrillo llegaron de hecho a estar marcados por la corrupción 40 de los 45 municipios de la Comunidad Autónoma, casos que aún hoy siguen investigándose y juzgándose.
