La Decana del Colegio de Arquitectos de Murcia , María José Peñalver expone en la Asamblea Regional un decálogo de medidas a adoptar por las Administraciones  por “un nuevo Urbanismo en la Región de Murcia”

María José Peñalver: “es imprescindible para afrontar la crisis, activar cuanto antes el sector de la construcción”

Peñalver, que ha comparecido ante la Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente, Agricultura y Agua ha señalado que “la tramitación urbanística se encuentra totalmente paralizada por falta de iniciativa de las Administraciones y debido a su judicialización, propia de tiempos pasados”.

La Decana del COAMU ha insistido en la necesidad de “activar el sector con un mensaje positivo debido al contexto contemporáneo y la importancia del mismo en la economía y el bienestar de la sociedad, apostando por la coordinación entre Administraciones, la transparencia y la digitalización completa de los trámites”. 

María José Peñalver ha manifestado en el parlamento murciano la voluntad de colaboración del Colegio, y su disposición para contribuir a agilizar la tramitación de licencias para lo que “el Colegio de Arquitectos se postula como mediador entre los técnicos y los arquitectos municipales para lograr la agilización del trámite de concesión de licencias urbanísticas”. 

Por otra parte, la Decana ha señalado que entre las medidas a adoptar para reanimar el sector urbanístico “deben potenciarse instrumentos más flexibles y adaptables a las circunstancias concretas de un tiempo y espacio físico. Para ello deben establecerse matices o ampliar las categorías de Planes Especiales determinados por la Ley como instrumento de detalle más ágil que todo proceso urbano contemporáneo necesita.”

Y a la par “reducir el alcance de los Planes Generales”. Según ha dicho conviene replantearse en profundidad “la figura actual del Plan General que ha generado una gran problemática, siendo un auténtico lastre para el desarrollo de nuestra Región”.

El decálogo contempla también la necesidad de creación de un mapa del suelo público de las Administraciones Locales y Regionales ya que en palabras de Peñalver “tiene que ser transparente el patrimonio de suelo existente para ponerlo al servicio de su cometido fundamental, posibilitar el derecho a una vivienda, creando un gran parque en alquiler a través de la colaboraciones público-privadas”. 

DECÁLOGO: POR UN NUEVO URBANISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA 

1. La importancia del sector en el bienestar social y económico 

Uno de los principales objetivos del urbanismo es la construcción de nuestras ciudades y los espacios en los que habitamos. Por ello es necesario remarcar la importancia directa del sector en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

La tramitación urbanística se encuentra totalmente paralizada por falta de iniciativa de las Administraciones y debido a su judicialización propia de tiempos pasados. Hay que activar el sector con un mensaje positivo debido al contexto contemporáneo y la importancia del mismo en la economía y el bienestar de la sociedad. 

Urbanismo es ciudad, es movilidad, es desarrollo sostenible, es modelo territorial, son espacios públicos, son edificios y son viviendas. Es el espacio donde vivimos.

2. Nuevo modelo adecuado a su tiempo: flexibilidad y desarrollo sostenible 

La rigidez del modelo actual supone la pérdida de muchas iniciativas que pueden enriquecer y mantener las ciudades vivas. La sociedad transita por soluciones flexibles y ágiles adaptadas a una velocidad muy alejada a las de los trámites urbanísticos. Los mecanismos previstos de cambio y adaptación son tan lentos, complicados, trabajosos e inseguros en cuanto a plazos, que en gran parte de los casos son inútiles para resolver las cuestiones que se plantean y todo ello en muchas ocasiones deriva en la frustración de iniciativas que podrían ser beneficiosas para la sociedad, pero que se tienen que desechar por la imposibilidad de encaje en un tiempo razonable debido al complejo entramado legislativo y de tramitación de los instrumentos de planeamiento. 

El nuevo modelo debe recoger instrumentos más ágiles y flexibles en el marco de la Agenda Urbana 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3. La figura del interlocutor único: coordinación, agilización y certidumbre de los procesos 

La tramitación urbanística debe enmarcarse en un proceso determinado por la transparencia y la agilidad que permiten las nuevas tecnologías. Es una exigencia, por el bien de la sociedad en su conjunto, el establecimiento de un marco temporal cierto del trámite con unos plazos máximos y la concreción de calendarios precisos de todas las casuísticas de los diferentes procesos. 

Es necesaria la creación de un gestor o interlocutor único desde la Administración que sea el encargado de coordinar todo el proceso, dotan de seguridad y certidumbre al mismo.

4. Transparencia, monitorización y tecnología de los trámites 

Las Administración tienen que modernizar la tramitación urbanística. Es necesaria la incorporación y desarrollo de los informes de seguimiento de la actividad urbanística obligatorios por Ley. Esta información tiene que ser accesible para el ciudadano y los diversos agentes que participan del proceso. Se tienen que monitorización los datos urbanísticos desde un punto de vista radicalmente contemporáneo y tecnológico. 

Tal y como sucede en otro tipo de trámites administrativos es necesario el acceso público a través de la red para conocer el estado del expediente con trasparencia.

4. Soluciones parciales no estratégicas 

Deben limitarse la utilización al mínimo de los figuras de tramitación urbanística surgidas como solución temporal a la inoperancia de la tramitación urbanística como son la proliferación de usos y obras provisionales; así como la utilización del régimen transitorio en suelos urbanizables que provoca la construcción de un modelo diseminado de ciudad y territorio no planificado y por lo tanto carente de estrategia colectiva.

5. Planificación y estrategia supramunicipal de carácter territorial. 

Es necesaria urgentemente una planificación a nivel territorial que suponga una estrategia Regional sobre el territorio. Para ello es necesaria la activación y simplificación de los diferentes instrumentos de ámbito territorial previstos por la Ley y poner en marcha los instrumentos operativos que determinen la planificación más allá de los términos municipales atendiendo a razones de mayor escala. 

6. Reducción del alcance de los Planes Generales. 

Debe replantearse en profundidad de la figura actual del Plan General que ha generado una gran problemática, siendo un auténtico lastre para el desarrollo de nuestra Región. Se tiene que reducir el abanico de determinaciones actuales de los Planes Generales que tienen una amplitud excesiva de finalidades, otorgándole su misión fundamental de clasificar el suelo y vincular la estructura del municipio con las determinaciones de las figuras territoriales en la idea de una Región planificada y estratégica.

7. Potenciación y ampliación de la figura de los Planes Especiales 

Deben potenciarse instrumentos más flexibles y adaptables a las circunstancias concretas de un tiempo y espacio físico. Para ello deben establecerse matices o ampliar las categorías de Planes Especiales determinados por la Ley como instrumento de detalle más ágil que todo proceso urbano contemporáneo necesita. 

8. Aclaración y pormenorización de ámbitos no desarrollados adecuadamente por la LOTURM 

Hay aspectos de la Ley, los que supusieron mayor novedad y aquellos que han generado numerosas interpretaciones que deben ser revisados, ampliados y aclarados para un correcto desarrollo que facilite la necesaria seguridad jurídica de estos procesos como el alcance de las Declaraciones Responsables, lo determinado para el fuera de norma, etc. 

9. Política de creación de gran parque de vivienda asequible en alquiler en suelos públicos 

Es necesaria la creación de un mapa del suelo público de las Administraciones Locales y Regionales. Tiene que ser transparente el patrimonio de suelo para ponerlo al servicio de su cometido fundamental. La carencia de suelo urbano finalista provoca el calentamiento del mercado en diversas zonas de alta demanda en periodos de bonanza del ciclo económico inmobiliario. El suelo público es el gran instrumento que posibilita el derecho a una vivienda para todos aquellos que no tenga acceso a ella. La colaboración publico-privada es la herramienta adecuada para poner solución a dicho problema. La Ley contempla la disposición del suelo con una cesión del derecho de superficie por un plazo limitado para la explotación privada con el fin de construir un gran parque público de vivienda en alquiler a precio asequible. 

10. Garantía jurídica de todos los agentes en el proceso de edificación 

La demora en la tramitación de las licencias urbanísticas supone uno de los grandes problemas de la activación del sector. Por ello el COAMU, en su condición de corporación de derecho público propone la inclusión en la Ley de la figura del convenio de colaboración institucional con el objetivo de convertirse en un mediador entre los técnicos y los arquitectos municipales para lograr la agilización del trámite de concesión de licencias. La emisión de un informe de idoneidad técnica desde la oficina de visado, en colaboración directa, mediante comisiones mixtas entre los arquitectos de visado y los técnicos municipales serviría como documento de agilización. 

En relación con las Declaraciones Responsables, es necesaria la diferenciación entre el trámite administrativo y los contenidos técnicos documentales exigibles en el marco de la LOE y el CTE para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.