El grupo parlamentario Ciudadanos va a apoyar con sus votos mantener a la Comunidad Autónoma como el órgano medioambiental para los 41 ayuntamientos de la Región con menos de 50.000 habitantes. La formación ha elevado este límite desde los 20.000 que propuso en un principio hoy en el marco de la tramitación del Decreto Ley de Mitigación del Impacto Socioeconómico del COVID-19 en el área de medioambiente. Esta enmienda -que será ratificada en el próximo Pleno el miércoles 29- supondrá que será la administración autonómica la que deberá seguir analizando los impactos y emitir la declaración ambiental estratégica que concluye el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos para los ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes -todos salvo Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura-, “salvo que el consistorio solicite la firma de un convenio de cesión de competencias y dicha solicitud sea aprobada por una entidad colaboradora que verifique los aspectos económicos y técnicos de dicha solicitud, además de por la Comunidad Autónoma”, ha explicado el portavoz liberal, Juan José Molina, quien ha destacado que “el ambiente de consenso propiciado por Ciudadanos desde la aprobación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor ha seguido presente en la comisión, y todos los grupos salvo Podemos hemos avanzado en la misma dirección”.
“Con esta modificación permitimos a estos ayuntamientos -y solo si así lo desean y superan los requisitos técnicos y económicos necesarios establecidos por la entidad de colaboración y por la propia Comunidad Autónoma- convertirse en órgano sustantivo en materia medioambiental”, ha añadido Molina, quien ha justificado la elevación del límite de 20.000 a 50.000 habitantes en un “posible vacío legal y el riesgo de un recurso de inconstitucionalidad”.
Aunque la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 sí permite expresamente que la función de órgano ambiental o sustantivo se atribuya a las Administraciones locales, esta atribución competencial está sujeta también a lo que establece la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por los que dicha atribución deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de la Administración Local afectada y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia de la misma. La norma que realice dicha atribución debe por tanto prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un m ayor gasto de las Administraciones Públicas, y por tanto la firma de dicho convenio tendrá que venir determinada por este requisito.
La supervisión de los requisitos económicos y técnicos y la autorización del traspaso efectivo de competencias desde la administración autonómica a la local para los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes debería quedar, explica Molina, “supervisado por unas entidades colaboradoras de la administración municipal en la verificación de actuaciones urbanísticas en la Región de Murcia (ECURM), de forma similar a las entidades colaboradoras en el ámbito agrícola”. Ciudadanos considera que “los trámites medioambientales son de extrema importancia, y son perfectamente compatibles con un desarrollo urbanístico sostenible, siendo para ello igualmente necesario mantener un estricto cumplimiento de la legalidad vigente”, ha remarcado el portavoz naranja.
