La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha asistido esta mañana al acto celebrado de presentación del llamado Pacto por la Justicia. La diputada ha denunciado que se pretende hacer pasar por acuerdo lo que es una imposición del Gobierno Regional, que sigue utilizando su rodillo para pasar por encima del diálogo y del consenso con la oposición. En palabras de la dirigente morada, "en ningún momento se han tenido en cuenta las aportaciones de los grupos de la oposición y, lo que es más importante, ni siquiera se ha consensuado una hoja de ruta con el Gobierno de España, que es el que tiene las competencias en esta materia".

Desde Podemos aseguran compartir "la necesidad de que la administración de justicia cuente con más medios", al tiempo que señalan que "este acto responde más a una estrategia de propaganda, un derroche de dinero público para el autobombo y la autocomplacencia del gobierno de López Miras". La portavoz ha exigido "mayor seriedad a la hora de abordar materias tan sensibles como la justicia", algo que debería abordarse "en el marco del diálogo con el Estado, máxime cuando se trata de materias en las que la Comunidad Autónoma no tiene competencias".

Además, Marín ha recordado que la Región de Murcia se encuentra en "una situación sanitaria descontrolada y una vuelta a las aulas caótica", algo que incluso reconoce el propio Gobierno Regional a través de su consejero de Salud, Manuel Villegas, quien advertía hace unos días que en poco más de dos semanas, el sistema sanitario estará colapsado. La portavoz de Podemos ha señalado que "mientras la Región de Murcia hace una absoluta dejación de funciones en áreas como Educación o Sanidad, que sí son de su competencia, monta un acto propagandístico invadiendo competencias que no son suyas".

La portavoz de Podemos también se ha hecho eco de los recientes escándalos de corrupción en el seno del Partido Popular y el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Para Marín, "el único Pacto por la Justicia necesario para nuestra Región y para nuestro país es que el Partido Popular deje de bloquear a nivel estatal la renovación del poder judicial y de usar estructuras parapoliciales para tapar la corrupción de su partido y para perseguir a sus rivales políticos, como ha quedado claro en la operación Kitchen".